La población indígena emberá, que habita en la Unidad de Protección Inmediata (UPI) La Rioja, y que vive en condiciones insalubres, deberá ser reubicada de manera inmediata. Así lo ordenó un fallo del Tribunal de Cundinamarca, que busca garantizar condiciones dignas para esta comunidad mientras se ofrecen garantías para su retorno.
Esta medida se genera en cumplimiento de una tutela interpuesta por la Personería de Bogotá en contra de la Alcaldía Mayor y de otras entidades del distrito, buscando el cumplimiento de los derechos fundamentales.
La alerta de la Personería se dio en gran medida por el anuncio del fallecimiento de 32 menores de edad debido a infecciones y desnutrición. Además, alertó sobre las condiciones de salubridad al interior de la edificación, como presencia de roedores, aguas estancadas y riesgo de explosión por la manipulación de por lo menos 100 cilindros de gas.
“Ante el riesgo inminente de una tragedia, ya sea por el colapso de las instalaciones o la explosión de una pipeta de gas, es imperativo que se cumpla con la medida de seguridad ordenada por la Secretaría Distrital de Salud de trasladar o reubicar a la población que permanece en la UPI La Rioja”, aseveró el personero de Bogotá, Andrés Castro, en un comunicado.
Otra problemática tiene que ver con las denuncias sobre delitos de gran impacto, como presuntos casos de violencia sexual contra mujeres y menores de edad y maltrato y violencia intrafamiliar.
¿Qué sigue después del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?
A través del fallo, el Tribunal busca poner en cintura a entidades como la Consejería Distrital para la Paz, Secretaría Distrital de Gobierno, El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) para que acate esta orden y la cumpla en un plazo de hasta 90 días.
“Se debe identificar o definir el inmueble que cumpla con las condiciones dignas de espacio y disponibilidad de servicios, acceso a saneamiento y demás características que lo hagan idóneo y funcional”, se lee en el documento del Tribunal.
El Distrito en mayo de este año, solicitó a la Unidad de Víctimas definir los lineamientos para las reubicaciones de esta población indígena, en aras de que la infraestructura de la UPI La Rioja, pueda ser intervenida.
Mientras se llega a un acuerdo, el Tribunal dice que debe ser la Alcaldía Mayor quien integre un comité para garantizar las acciones que permitan la evacuación de esta población, y solicita que la ONIC haga parte de este comité.
