El escándalo por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue generando consecuencias judiciales. Las autoridades capturaron al representante a la Cámara Wadith Manzur y a la representante Karen Manrique, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenara una medida de aseguramiento en su contra dentro de la investigación por presunto cohecho impropio.
Entregas ante las autoridades tras la orden judicial
Manzur acudió voluntariamente al búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación le leyeron sus derechos y formalizaron su detención.
El congresista llegó acompañado de su abogado, el penalista Luis Carlos Torregroza, quien analiza el contenido de la decisión judicial para definir las acciones legales que presentará. Entre las opciones está un recurso de reposición ante los mismos magistrados que dictaron la medida y una eventual apelación ante la Sala de Primera Instancia.
Por su parte, Manrique se entregó en el municipio de Tame, en Arauca, donde había estado realizando actividades políticas. La captura se hizo efectiva una vez la orden judicial fue notificada oficialmente y se coordinó con la Policía Nacional de Colombia para su traslado.
El proceso que salpica a varios congresistas
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema decidió llamar a juicio a cinco congresistas y a un excongresista por supuestas irregularidades en contratos relacionados con la UNGRD. Además de Manzur y Manrique, el proceso también involucra a Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y al exrepresentante Juan Diego Muñoz.
Según el alto tribunal, los investigados habrían participado en acuerdos para direccionar contratos y obras de interventoría en departamentos como Córdoba, Arauca y Bolívar. A cambio, los congresistas presuntamente habrían apoyado la aprobación de operaciones de crédito público impulsadas por el Gobierno.
Testimonios y pruebas que impulsaron la investigación
El caso ha estado marcado por declaraciones clave de antiguos funcionarios de la UNGRD. Entre ellos se encuentra Olmedo López, quien aseguró haberse reunido con algunos congresistas para discutir la asignación de contratos.
Otro testimonio importante es el de María Alejandra Benavides, cuya colaboración con la justicia incluye grabaciones y conversaciones que, según la Fiscalía, evidenciarían presiones y negociaciones relacionadas con contratos públicos.
Las autoridades también han señalado que el proceso incluye decenas de pruebas documentales y múltiples testimonios que buscan esclarecer si existió un esquema para intercambiar favores políticos por contratos estatales.
Un escándalo que sigue ampliándose
El caso de la UNGRD se ha convertido en uno de los procesos de corrupción más amplios que actualmente investiga la justicia colombiana. Las indagaciones también han salpicado a otros altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, lo que ha ampliado el alcance de las pesquisas.
Mientras avanza el proceso judicial, los abogados de los congresistas detenidos preparan recursos legales con el objetivo de controvertir la medida de aseguramiento y defender a sus representados en las siguientes etapas del proceso.
