La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que adopte una medida cautelar urgente para que el presidente Gustavo Petro detenga las denuncias públicas sobre un supuesto fraude electoral mientras no existan pruebas que respalden dichas afirmaciones.
Durante una audiencia pública, el Ministerio Público argumentó que los señalamientos del mandatario podrían afectar la confianza ciudadana en el proceso democrático, justo cuando el país se prepara para las próximas elecciones presidenciales.
Preocupación por el impacto en las elecciones
El procurador delegado Juan Carlos Villamil señaló que las reiteradas declaraciones del jefe de Estado sobre posibles irregularidades en el sistema de transmisión de resultados podrían poner en riesgo el normal desarrollo de los comicios, cuya primera vuelta está programada para el 31 de mayo.
Según explicó, insistir en denuncias sin evidencias puede generar desconfianza entre los votantes y desincentivar la participación electoral.
“Estas manifestaciones pueden llevar a que la ciudadanía piense que su voto no tendrá efecto o que los resultados podrían ser alterados”, advirtió durante la diligencia.
La audiencia en el Tribunal de Cundinamarca
La audiencia se realiza ante el despacho del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, integrante de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El objetivo es evaluar si procede una medida judicial que establezca límites a las declaraciones del mandatario frente al sistema electoral y al proceso de conteo de votos.
Procuraduría asegura que no busca censurar al presidente
Por su parte, el viceprocurador Julián Andrés Fernández afirmó que la solicitud no pretende silenciar al presidente, sino garantizar que el debate público se mantenga dentro de parámetros institucionales.
Según explicó, la Procuraduría busca preservar la ética pública en el contexto electoral y evitar que se confundan los roles entre el jefe de Estado, el líder político y el proceso democrático.
“El presidente tiene derecho a expresar opiniones, pero no puede participar en política ni lanzar acusaciones sin sustento”, señaló.
Límites legales a la participación política del presidente
El Ministerio Público reiteró que el ordenamiento jurídico colombiano establece que el presidente en ejercicio debe mantener neutralidad en materia electoral.
De acuerdo con la Procuraduría, si un mandatario formula acusaciones sobre el proceso electoral, estas deben estar respaldadas por pruebas verificables. De lo contrario, corresponde a los jueces establecer límites para proteger la confianza en las instituciones.
La respuesta de la Registraduría y las garantías electorales
En la audiencia también intervino un delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien defendió las medidas adoptadas para garantizar la transparencia en las elecciones.
El funcionario señaló que se han implementado diferentes mecanismos de control para blindar tanto los comicios legislativos recientes como las elecciones presidenciales.
Además, citó un informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, presentado tras las elecciones del Congreso del 8 de marzo, en el que no se encontraron evidencias de fraude en el proceso electoral colombiano.
