Salieron a la luz las primeras imágenes del grupo de 28 policías de la UNDMO y el militar secuestrado tras una asonada, el pasado 6 de marzo, en el municipio de El Plateado. Los militares luego de la revuelta fueron privados de la libertada en el sector de la Hacienda, departamento del Cauca.
En las fotografías se evidencia el estado de salud de los uniformados. De acuerdo con las imágenes se ven, aparentemente, en buenas condiciones de salud y sin la protección que los identifica como policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
A su vez, también se observa que los militares están divididos por cuerdas y sin signos de agresión o heridas y se aprecia que están rodeados de decenas de personas que custodian el lugar.
A esta zona se trasladaron distintas organizaciones de derechos humanos para mediar por la liberación de los militares quienes continuarían en la casa comunal de la vereda La Hacienda.
Por su parte el general (r) y ministro de Defensa Pedro Sánchez, denunció que lo que se vivió en el corregimiento de El Plateado, del municipio de Argelia y el Tambo, Cauca, fue una tentativa de homicidio pues, según Sánchez, los policías y militares fueron atacados de manera violenta durante la asonada y, además, fueron quemados dos vehículos oficiales.
Así mismo, alertó sobre el secuestro de dos miembros pertenecientes a la fuerza pública en el sector de la Hacienda.
Para el ministro estos ataques fueron cometidos por la disidencia de las Farc del frente Carlos Patiño. He hizo una denuncia más grave pues aseguró que los pobladores son instrumentalizados por este grupo delincuencial para cometer hechos criminales contra los uniformados.
“Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil, impidiendo el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales”, aseguró el ministro de Defensa.
La fiscalía general de la Nación se encuentra investigando estos hechos y avanza en la identificación de los posibles responsables quienes tendrían que responder por tentativa de homicidio y secuestro, con penas de hasta 20 años de cárcel. s
