En las últimas horas se conoció que el presidente Gustavo Petro solicitó a sus ministros del gabinete firmar de manera urgente el decreto que convoca una consulta popular, con el objetivo de llevar finalmente a las urnas las propuestas de la reforma laboral impulsada por su Gobierno y que la ciudadanía sea la que decida si ese proyecto finalmente entra en vigencia. Se espera que el documento oficial sea revelado en las próximas horas, una vez todos los ministros estampen su firma.
El fallo judicial que impulsó la decisión
El llamado de Petro a sus ministros se produce tras un reciente fallo judicial conocido desde Cartagena, en el cual un juez ordenó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, resolver la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro sobre la votación del 14 de mayo, que negó la consulta popular propuesta por el Ejecutivo.
Según la interpretación del presidente, el fallo judicial da pie a que la votación en el Senado sea repetida, por lo que espera que los miembros de su gabinete también ejerzan presión y den su firma para finalmente llevar a cabo
Presunta trampa en el Congreso de la República
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció afirmando que el fallo demuestra que hubo una vulneración al debido proceso. Aseguró que Efraín Cepeda negó arbitrariamente la apelación de Pizarro, razón por la cual la votación en la que se negó la consulta sería inválida.
“Un juez acaba de decidir en una tutela que a María José Pizarro se le vulneró el derecho al debido proceso. El presidente del Senado hizo trampa”, dijo Benedetti. El ministro también señaló que, al no repetirse la votación dentro del plazo legal de un mes, el Congreso habría incurrido en omisión, lo que permitiría al Gobierno avanzar con la convocatoria directa a las urnas.
Si el presidente Gustavo Petro sigue adelante con su intención de firmar el decreto y cuenta con el respaldo por parte del gabinete, el Gobierno estaría avanzando hacia una consulta popular sin pasar nuevamente por el Congreso, una movida que ha generado tanto respaldo como rechazo, y que podría derivar en una nueva disputa jurídica ante el Consejo de Estado o la Corte Constitucional.
