Bogotá D. C., 18 de diciembre de 2024. Los gigantes tecnológicos que fabrican o ensamblan celulares, tablets, portátiles y otros aparatos electrónicos de uso masivo están cada vez más en el ojo del huracán porque los microcomponentes, condensadores, baterías, lentes o microprocesadores pueden estar utilizando minerales manchados con sangre.
La extracción ilegal de coltán en Colombia y en la República Democrática del Congo por parte de organizaciones criminales internacionales pone sobre la mesa el debate de los homicidios y el reclutamiento forzado de niños y jóvenes por parte de los grupos alzados en armas para apoderarse de las escasas minas en el mundo.
La millonaria demanda que enfrenta Apple prendió las alarmas de los usuarios de la tecnología para exigir de las multinacionales garantías en el sentido de que la extracción del mineral no esté manchada con sangre por el conflicto armado en la República Democrática del Congo, Ruanda, Uganda o Colombia.
Precisamente en la Orinoquía colombiana, la Armada, el Ejército y la Policía acaban de propinar un golpe a las organizaciones criminales dedicadas a la explotación ilegal del mineral considerado como una de las joyas de la corona en la industria mundial de tecnología por la escasez del mismo y la calidad que ofrece en la elaboración de microprocesadores.
Más de 4,7 millones de dólares
En las operaciones conjuntas de Armada, Ejército y Policía en el río Guaviare se decomisaron 13,7 toneladas del mineral, cuyo valor en el mercado ilegal supera los 4,7 millones de dólares que iban a engrosar las arcas de los criminales.
Los polimetales, en su mayoría coltán, eran transportados en 344 bolsas en una embarcación que navegaba por el río Guaviare, en el departamento de Vichada.
El coltán, que también se utiliza en la industria aeroespacial, en la fabricación de armas y en cirugías, ha originado guerras entre grupos criminales que se disputan el control de los yacimientos, la extracción y comercialización del mineral que, por ser escaso, tiene un alto valor en el mercado.
Funcionarios de la Fiscalía hicieron el peritaje de las arenas negras polimetálicas que iban en las 344 bolsas y comprobaron la composición, características y calidad del mineral.
La región de la Orinoquía ha sido históricamente un territorio de disputa entre los diferentes grupos armados ilegales y organizaciones criminales, por el control de los yacimientos mineros.
El golpe de las autoridades a los criminales, también contribuye a la preservación del ambiente porque evita la destrucción de hábitats fluviales y forestales por la remoción intensiva de tierra, lo que afecta la calidad del agua, la fauna y la flora en la región.
Otro de los impactos ambientales por la extracción ilegal del mineral es la deforestación, erosión y pérdida de la vegetación endémica de la Orinoquía que va en contra de los ecosistemas y del equilibrio ambiental.
