El Gobierno de Venezuela oficializó un decreto que autoriza la captura de personas que respalden o promuevan el ataque armado del pasado 3 de enero de Estados Unidos sobre territorio local.
El documento, publicado en la Gaceta Oficial y fechado el sábado, está firmado por el presidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York, y refrendado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
El texto ordena a los cuerpos de seguridad nacionales, estadales y municipales “la búsqueda y captura inmediata” de toda persona que haya promovido o apoyado el ataque militar de Estados Unidos contra territorio venezolano, con el objetivo de someterla a juicio.
Duración y alcance del Estado de Conmoción Exterior
La medida tendrá una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga por un período igual. Aunque el decreto había sido anunciado desde septiembre, su contenido fue actualizado tras los acontecimientos recientes en el Caribe y la captura del mandatario venezolano.
Se trata de la primera vez que esta figura se aplica desde la aprobación de la Constitución de 1999, la cual contempla este mecanismo en casos de conflicto que pongan en riesgo grave la seguridad nacional y el funcionamiento del Estado.
Militarización y suspensión de garantías
Entre las disposiciones más sensibles, el decreto autoriza la militarización de servicios públicos, la industria petrolera y otras industrias estratégicas, la suspensión del derecho a reuniones y manifestaciones públicas y la adopción de “cualquier otra medida necesaria” para proteger al país. El personal de empresas estratégicas quedará sometido de forma temporal al régimen militar, según establece el texto oficial.
Qué derechos se mantienen vigentes
Aunque el decreto restringe garantías constitucionales, mantiene formalmente derechos considerados intangibles, como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el debido proceso y el acceso a la información. Este tipo de estado de excepción otorga facultades “amplísimas” al presidente, con escasos controles efectivos.
Un contexto de mayor control político
El decreto se suma a una ley promulgada en 2024 que sanciona a los venezolanos que respalden sanciones internacionales o acciones extranjeras contra el país, con penas que incluyen inhabilitación política de por vida y confiscación de bienes.
Aunque legalmente el Estado de Conmoción Exterior podría ser revertido por la Asamblea Nacional o por el sistema judicial, analistas subrayan que en la práctica no existen contrapesos reales al poder del Ejecutivo en Venezuela.
