A través de una extensa investigación, el Tribunal Superior de Bogotá solicitó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por su presunta participación en actos de corrupción por el caso de la UNGRD, en donde, al parecer, habría entregado 70.000 millones de pesos en contratos.
Quien impuso esta medida fue el magistrado Leonel Rogeles, quien le imputó los cargos de peculado por apropiación en favor de terceros y cohecho por dar y ofrecer. Estos cargos están relacionados con el caso de corrupción por la adquisición de carrotanques para el departamento de La Guajira.
La Fiscalía en diversas audiencias había solicitado la aplicación de la medida argumentando que el exfuncionario González podría evadir su responsabilidad en el proceso y no presentarse a las indagatorias. Y recalcó que existe material probatorio que los vincula en estos hechos de desfalco.
“Las pruebas demuestran la participación activa del señor González en esta red de corrupción que afectó los recursos para la gestión del riesgo en el país”, aseveró la fiscal María Cristina Patiño.
¿Qué dice la defensa de Carlos Ramón González?
El abogado Iván Cancino, defensor del exfuncionario, ha argumentado que no hay suficientes elementos probatorios que permitan inculpar a su cliente y, por tanto, no es posible el envío a prisión.
“Insistimos en que las acusaciones se basan principalmente en testimonios contradictorios y no en pruebas materiales contundentes”, dijo Cancino.
Con la implementación de esta medida, Carlos González ingresa al grupo de exfuncionarios que ya se encuentran cumpliendo la medida de prisión preventiva por el caso de la UNGRD, como el exsubdirector para el manejo de desastres, Sneider Pinilla, y el exdirector general de la entidad, Olmedo López.
Aunque el exfuncionario no se encuentra en el país, el Tribunal de Bogotá ordenó la captura inmediata y el traslado de González a un establecimiento carcelario.
