El representante a la Cámara, Andrés Forero, radicó una acción judicial ante el Consejo de Estado para frenar el decreto que fue emitido por el Gobierno nacional y que pretende trasladar 2,6 millones de usuarios a la Nueva EPS, pese a las fallas que tiene la entidad en la prestación del servicio y la entrega de medicamentos.
El representante también presentó un incidente de desacato en contra de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, pues en su concepto se está incumpliendo una decisión judicial que suspendía un decreto, el cual implementaba, de forma directa, varios cambios para la reforma a la salud y que terminó por no ser aprobados en el Congreso.
“El ministro Jaramillo pretende trasladar forzosamente cerca de 2.600.000 personas que hoy están en EPS distintas, que están funcionando mejor, como Sura o como Sanitas, a la Nueva EPS que hoy se está cayendo a pedazos y que está intervenida por parte del Gobierno Nacional”, reiteró.
Además, insistió en que el ministro Jaramillo no se está poniendo del lado de los pacientes y solicitó que dicho decreto sea suprimido.
“El ministro Jaramillo no puede seguir burlándose del Congreso y de la Justicia y no puede seguir burlándose de los pacientes. Esperemos que nuevamente, como sucedió con el decreto 0858, el Consejo de Estado se ponga del lado de los pacientes y suspenda este esperpento”, sentenció Forero.
La precandidata Paloma Valencia apoya la caída del decreto
Frente al planteamiento del gobierno nacional de cambiar a más de 2 millones de usuarios a la Nueva EPS, Paloma Valencia dijo no estar de acuerdo con la maniobra del presidente Gustavo Petro, que según ella, lo que busca es deteriorar aún más la prestación del servicio de salud, dificultando el cumplimiento de este derecho.
“Ante el fracaso de la administración de Gustavo Petro y de la Nueva EPS, la decisión es mandar a tres millones de colombianos a que la Nueva EPS los deje sin medicamentos y tratamientos y los mande a morir a su casa. La salud es un campo de vida y no puede ser el campo del experimento ideológico del radicalismo extremo, donde más importa decir que la salud era mala que la verdadera situación de los pacientes”, declaró Valencia.
Se espera que el Consejo de Estado estudie este documento y dé una respuesta que saque del limbo a más de 2,600,000 pacientes que solo buscan una buena atención en salud, así como el acceso a las medicinas y tratamientos.
