De 6 a 13 muertos ascendió el número de víctimas en Amalfi, Antioquia, a raíz de un atentado contra un helicóptero de la Fuerza Pública, este jueves, 21 de agosto.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón ha denunciado en varios medios de comunicación que la demora en el rescate les costó la vida a algunos uniformados heridos, que no recibieron ayuda oportuna.
“La Fuerza Pública tardó casi 24 horas en llegar al sitio. El capitán que se mantuvo con vida, hasta que fue trasladado, finalmente falleció. Una larga noche en la que tuvieron que esperar él y otros tres compañeros sin que llegara allí el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea”, sostuvo en Noticias Caracol.
Las autoridades han argumentado que, por tratarse de una zona de difícil acceso y alta peligrosidad, tenían que asegurarse de garantizar la seguridad de los rescatistas. Frente a ello, surge la pregunta de por qué los policías fueron enviados a esta área a hacer labores de erradicación.
Y es que en este lugar, considerado un campo minado, operan el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que se reparten el mercado del narcotráfico.
Entre tanto, el Ejército afirmó, en su cuenta de X, que han reforzado la seguridad en Amalfi. “Nuestros soldados de Artillería, desde ayer, se encuentran desplegados en el municipio de Amalfi, #Antioquia, con el firme propósito de neutralizar al grupo armado organizado responsable del cobarde ataque contra nuestros hermanos policías. No descansaremos hasta llevar ante la justicia a quienes pretenden sembrar terror en el país”, indicaron.
La Gobernación había alertado sobre crítica situación de orden público en Amalfi
El pasado mes de junio, la Gobernación de Antioquia había alertado al ministro de Defensa sobre el deterioro de la seguridad en el municipio de Amalfi.
“Durante los últimos meses, los habitantes del municipio han sido testigos de un incremento sostenido de hechos delictivos, amenazas, desplazamientos forzados, y presencia de actores armados ilegales que vienen afectando gravemente la tranquilidad de las comunidades rurales y urbanas. La capacidad de respuesta del personal policial y militar asignado a la jurisdicción se ha visto ampliamente desbordada, tanto en términos operativos como logísticos, imposibilitando una cobertura eficaz y oportuna frente a la complejidad de las amenazas existentes”, señala la carta enviada el 4 de junio.
En la misiva también pedían que el reforzamiento de la seguridad fuera permanente. “Es indispensable que esta presencia no se limite a patrullajes ocasionales, sino que se estructure un plan operativo sostenido, con base en inteligencia y conocimiento territorial, que contemple puestos de control estratégicos, operaciones de vigilancia permanente, y mecanismos efectivos de reacción ante posibles eventos de violencia armada, desapariciones, o desplazamientos”, señala el documento.
