Este viernes, la Procuraduría General de la Nación pidió que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea declarado inocente de los cargos de fraude procesal y soborno a testigos.
El Ministerio Público lo hizo por medio del delegado Bladimir Cuadro, quien dentro de su argumentación aseguró que no hay material probatorio que sustente dichas acusaciones delictivas.
La Procuraduría sostuvo que no hay plena claridad jurídica entre las pruebas presentadas, la manera como se desarrollaron los hechos y las peticiones jurídicas realizadas por la fiscal Marlene Orjuela, quien, por el contrario, ha solicitado condenar al exmandatario.
Esta petición la hizo Bladimir Cuadro en la audiencia realizada el 27 de junio, destacando, a partir de los argumentos presentados por la Fiscalía, que no encuentra coherencia en el caso.
“No es casual la exigencia a que los hechos jurídicamente relevantes sean claros, no solo para regular el contenido de las acusaciones, sino también define y limita el derrotero probatorio a seguir en la hipótesis de la Fiscalía y la Defensa”, dijo Cuadro.
También señaló que no encuentra una relación sólida entre los hechos y las peticiones jurídicas requeridas por la fiscal Marlene Orjuela, quien solicitó declarar culpable al expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
Durante la diligencia, el representante de la Procuraduría destacó que el líder paramilitar Juan Diego Monsalve, vinculado al proceso como testigo estrella, al entregar su testimonio generó vacíos y esto causó incertidumbre, por lo que no se puede considerar como testigo en el juicio.
En consecuencia, el órgano de control demandó de manera formal que Álvaro Uribe sea absuelto de lo que se le acusa.
“El Ministerio Público considera que nos encontramos ante una probabilidad que supera lo que la doctrina de la jurisprudencia ha llamado probabilidad lógica prevaleciente, por lo que existiría una imposibilidad frente a este aspecto de emitir sentencia de condena”, concluyó.
Por su parte, la juez Sandra Heredia anunció que la diligencia se retomará el 1 de julio del 2025.
