La Procuraduría General de la Nación envió a la Corte Constitucional un concepto en el que advierte que la emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro no cumple con los parámetros establecidos por la Constitución. Sin embargo, el Ministerio Público considera que varias de las medidas tributarias derivadas de ese estado de excepción sí deberían mantenerse.
En un documento de 45 páginas firmado por el procurador Gregorio Eljach, el organismo pidió declarar constitucional el impuesto al patrimonio dirigido a contribuyentes con fortunas superiores a 40.000 unidades de valor tributario (UVT), es decir, patrimonios desde aproximadamente 2,09 mil millones de pesos.
Este gravamen fue incluido dentro del Decreto 1474 de 2025, expedido durante la emergencia económica declarada a finales de 2025. La norma también estableció medidas fiscales temporales para incrementar los ingresos del Estado, como el IVA del 19% a las bebidas alcohólicas y nuevos impuestos al consumo de cigarrillos.
Según la Procuraduría, el impuesto al patrimonio no alcanza niveles confiscatorios, mantiene un carácter progresivo y se aplica principalmente a personas con mayor capacidad económica, lo que lo convierte en una herramienta válida para financiar el gasto público.
Regalías mineroenergéticas sí serían inconstitucionales
El Ministerio Público considera que uno de los pocos puntos que no se ajusta a la Constitución es la norma que impide deducir regalías a las empresas del sector mineroenergético.
Esa disposición ya había sido incluida en la reforma tributaria de 2022 impulsada por el gobierno de Petro, pero fue anulada por la Corte Constitucional en 2023 al considerar que incrementaba de manera desproporcionada la base gravable de las compañías.
Por esta razón, la Procuraduría recomienda declarar inexequible nuevamente esa medida dentro del paquete fiscal derivado de la emergencia económica.
El dinero sería clave para la crisis del sistema de salud
El organismo también defendió la legalidad del IVA del 19% aplicado a los licores, siempre que los recursos obtenidos se destinen exclusivamente a atender la crisis financiera del sistema de salud.
Actualmente, el sistema enfrenta un déficit relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado gira a las EPS por cada afiliado. Aunque en 2026 se proyecta que la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres) destine cerca de 101 billones de pesos para este rubro, las cifras del sector evidencian un déficit cercano a los 5,95 billones.
Para la Procuraduría, fortalecer el financiamiento del sistema sanitario es una prioridad, ya que garantizar el acceso a la salud constituye un derecho fundamental.
Procuraduría insiste en que la emergencia económica es inconstitucional
A pesar de respaldar algunas medidas tributarias, el Ministerio Público sostiene que la declaratoria de emergencia económica no cumple con los requisitos constitucionales.
De acuerdo con el procurador Eljach, las dificultades fiscales y del sistema de salud corresponden a problemas estructurales que no se originaron por hechos extraordinarios o imprevisibles, condición necesaria para justificar un estado de excepción.
El Gobierno ha defendido que la emergencia es necesaria para cumplir fallos judiciales, financiar subsidios y reforzar la seguridad de líderes sociales, pero la Procuraduría considera que esos argumentos no justifican el uso de mecanismos excepcionales.
El futuro de la emergencia está en manos de la Corte
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el estado de emergencia económica el 29 de enero mientras estudia su legalidad. La decisión fue adoptada por la Sala Plena con seis votos a favor y dos en contra, marcando un precedente poco común en la jurisprudencia del alto tribunal.
Ahora, el tribunal deberá determinar si la medida del Gobierno se ajusta a la Carta Política o si, como sostiene la Procuraduría, se utilizó para enfrentar problemas estructurales con herramientas extraordinarias.
La decisión final podría conocerse antes del 16 de abril, fecha límite del análisis constitucional sobre la declaratoria del estado de excepción.
