La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, a quien acusa de haber recibido de manera irregular unos $1.189 millones de pesos provenientes de empresarios como Gabriel Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra. El ente de control lo señala de haber cometido faltas gravísimas relacionadas con un presunto incremento injustificado de su patrimonio.
Desbalance patrimonial de Nicolás Petro
Según la investigación, en 2022 Nicolás Petro percibió ingresos oficiales como diputado por unos $219 millones, cifra muy inferior a los movimientos financieros encontrados, que ascendieron a $1.409 millones.
El procurador regional (e) del Atlántico, Javier Enrique Bolaño, aseguró que existen pruebas objetivas que demuestran el incremento patrimonial sin justificación legal.
Testimonios clave y nuevas acusaciones al Pacto Histórico
La Procuraduría recopiló testimonios del tío de Nicolás, César Vásquez, y de su expareja Day Vásquez. Ambos habrían señalado que se intentó ocultar la compra de bienes a nombre de terceros para evadir el control de las autoridades. Mientras tanto, Lopesierra negó haber aportado a la campaña presidencial, pero Gabriel Hilsaca reconoció haber entregado $400 millones en dos pagos realizados en abril de 2023 en Barranquilla.
La decisión de la Procuraduría se da a conocer a la par de revelaciones de la Corte Suprema de Justicia, que advirtió irregularidades en la campaña al Senado del Pacto Histórico.
Entre ellas, la Corte Suprema alega presuntas violaciones de topes electorales y cuentas maquilladas. Por este caso, se compulsaron copias contra Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, y Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, quienes fueron gerentes de la campaña en 2022.
Conclusión de la Procuraduría
Para el Ministerio Público, las pruebas y testimonios ratifican que Nicolás Petro y su expareja incrementaron injustificadamente su patrimonio. Las explicaciones entregadas por el hijo del presidente no fueron satisfactorias y, según el auto disciplinario, se probó que ocultó bienes y recursos con la ayuda de terceros.
