Marcio Melgosa, delegado de la Procuraduría, aseguró en Mañanas Blu que la implementación del nuevo operador para la elaboración de pasaportes requerirá, por lo menos, seis meses, una vez se suscriba el acuerdo con Portugal.
A esta conclusión se llegó luego de que el Ministerio Público realizara una inspección preventiva tanto en la Cancillería como en la Imprenta Nacional, con el fin de evaluar el proceso.
Según el análisis, no se cuenta con la capacidad para la elaboración de este documento. “Hoy no tienen la preparación para eso”, puntualizó Melgosa, quien además reveló que no existe un convenio que habilite de manera formal a la Imprenta Nacional para ejercer esta labor.
En el informe, Melgosa también declara que los plazos para poner en marcha la transición técnica fueron planteados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la cual es la encargada de establecer los estándares internacionales de calidad para la fabricación de los pasaportes.
En el documento se estipula que el cambio de contratista requiere de seis meses para su implementación. Este plazo incluye la adquisición e instalación de maquinaria, la capacitación de los funcionarios y los procesos de personalización y seguridad del pasaporte.
No hay contrato firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional
Entre las irregularidades que denunció el delegado de la Procuraduría está la falta de contrato interinstitucional entre la Cancillería y la Imprenta, y resalta que el tiempo se agota, dado que faltan menos de dos meses para que termine el convenio con el antiguo operador.
Por ello, Melgosa destaca que hay improvisación y falta de planeación, desde la interrupción de la licitación del oferente Thomas Greg and Son, en el año 2023, hasta la participación del gobierno de Portugal en la expedición de los pasaportes.
“Hay unas presuntas improvisaciones, una indebida planeación que no data de hoy, sino desde hace varios años”, reiteró el funcionario.
Además, advirtió que no hay información sobre los requerimientos técnicos que llevaron a incluir al Gobierno de Portugal, así como a la Casa de Moneda de ese país para la creación de este documento, lo que pondría en tela de juicio la transparencia de este proceso.
El riesgo de tener nuevos operadores
Con el contrato a punto de vencerse y sin un nuevo operador habilitado, el panorama para el mes de septiembre es sombrío e incierto. Según el delegado de la Procuraduría, la prestación de este servicio podría verse afectada.
Por eso, hace un llamado urgente al gobierno nacional para que se solucione este inconveniente lo antes posible.
“Lo más importante es garantizar la prestación del servicio para los colombianos”, enfatizó.
