El presidente Gustavo Petro confirmó este miércoles, a través de su cuenta de X, que firmó el decreto que convoca a la consulta popular.
El documento revela la fecha en la que se llevaría a cabo la votación, el próximo 7 de agosto, justo un año antes de que el mandatario termine su periodo y salga de la Casa de Nariño.
El artículo 2 del decreto precisa: “Convóquese al pueblo de Colombia a una consulta popular en todo el territorio nacional para que, en ejercicio de su soberanía, el día siete (7) de agosto de 2025 decida si aprueba o rechaza” preguntas relacionadas con la reforma laboral.
El jefe de Estado explicó, en redes sociales: “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legitimo para discutir leyes”.
Es decir, dejó abierta la posibilidad de que, en el Legislativo. la mayoría de parlamentarios saquen adelante los puntos clave de la reforma laboral antes de la realización de la consulta, incluidos los que tienen que ver con horas extras para trabajadores, inicio de horario nocturno y pago completo a pasantes del Sena.
Corte Constitucional tendría la última palabra
Finalmente, Petro indicó: “Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”.
Será este máximo tribunal el que decida si el decreto se ajusta o no a la ley y, en consecuencia, si se puede o no convocar a los colombianos a las urnas el 7 de agosto.
Según el Gobierno, estaba habilitado a convocar la consulta popular por decreto dado que el Senado, supuestamente, incurrió en vicios cuando tumbó el proyecto de reforma laboral. Su argumento es que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, al parecer no leyó la proposición de la iniciativa, como lo indica la norma, antes de que los legisladores votaran.
Cepeda, sin embargo, dice que no se cometió irrularidad alguna y que Petro está irrespetando la separación de poderes. Otros sectores políticos respaldan esta hipótesis e, incluso, advierten que el mandatario está actuando de manera autoritaria. Se esperan, por tanto, demandas contra el llamado “decretazo” de la consulta popular.
Estas son las 12 preguntas de la consulta popular por decreto
1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.?
2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
10. ¿Está de acuerdo en que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
12, ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
