El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) confirmó la firma de tres contratos de prestación de servicios con Ingrid Carolina Plata Navas para apoyar la organización, coordinación y logística de las actividades protocolarias del presidente Gustavo Petro.
La entidad indicó que estas funciones no son nuevas dentro de la estructura presidencial y que han existido en administraciones anteriores. Sin embargo, sostuvo que actualmente las labores están concentradas en una sola persona, lo que según la versión oficial representa una reducción del 51 % en comparación con gobiernos pasados.
Polémica por vínculos con la primera dama
El pronunciamiento surge en medio de cuestionamientos públicos por la cercanía de la contratista con la primera dama, Verónica Alcocer. Plata Navas es señalada como amiga de Alcocer y esposa de Danilo Rueda, contratista de PDVSA y cercano al jefe de Estado.
En total, los tres contratos suscritos con el Dapre ascienden a $719.321.778. La controversia gira en torno a la magnitud de los montos y a los presuntos vínculos personales en el entorno presidencial.
Detalle de los contratos firmados
El primer contrato fue suscrito el 26 de agosto de 2022 y tuvo vigencia hasta el 15 de diciembre del mismo año. Su valor superó los 70 millones de pesos, con honorarios mensuales de $19.669.086. El objeto del convenio fue brindar apoyo en actividades protocolarias en escenarios como el Palacio de Nariño, la Hacienda Hato Grande en Sopó y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena.
El segundo contrato, firmado el 16 de diciembre de 2022, fue el de mayor cuantía, por $482.480.725. El tercero se adjudicó el 18 de diciembre del año pasado por $166.032.343 y estará vigente hasta el 31 de julio.
La defensa oficial desde la Casa de Nariño
Desde la Casa de Nariño insisten en que la contratación se ajusta a los procedimientos legales y que la concentración de funciones en una sola persona busca optimizar recursos. Además, recalcan que la figura de apoyo protocolario ha existido históricamente en el Ejecutivo y que la actual estructura supone una disminución en costos operativos.
La controversia continúa en el debate público, mientras el Gobierno sostiene que no existen irregularidades en la suscripción de los contratos.
