El Gobierno nacional firmó el decreto 0858 de 2025 que pone a andar el modelo planteado en la reforma a la salud, ya que activa los puntos claves de esta iniciativa que hace trámite en el Congreso.
El eje de este decreto, que ya hace eco en el país y recibe cuestionamientos, es la puesta en marcha de un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, en el que los entes territoriales asumen un papel protagónico.
“La territorialización se estructurará en Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud – RIITS, con un abordaje municipal por territorios y microterritorios e intermunicipal (…) asegurando el acceso a servicios de salud universales, equitativos y en condiciones de calidad y eficiencia que respondan a las necesidades de las personas, familias y comunidades en los entornos donde transcurre la vida”, señala el decreto.
A partir de ahora, se implementan los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que serán la primera línea de acceso al sistema para todos los pacientes de baja y mediana complejidad. Así las cosas, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas privadas y mixtas se organizarán de maneral funcional como CAPS. Este punto estaba incluido en la pasada reforma que se hundió en el Congreso.
Así mismo, el manejo de los recursos de la salud quedará concentrado en la ADRES, que será la única autorizada para hacer los pagos y giros del sistema a los prestadores.
Sin embargo, las EPS no desaparecen, sólo se transforma su rol y asumen otras funciones, pues pasan a ser gestoras de salud, como lo plantea la reforma. Por ejemplo, “Las Entidades Promotoras de Salud – EPS o quien haga sus veces, contratarán con la oferta de prestadores de servicios de salud del nivel primario de las Redes integrales e Integradas Territoriales de Salud – RIITS garantizando la territorialización, resolutividad y permanencia de las acciones”, indica el decreto.
También podrán seguir realizando afiliaciones o aceptar traslados de ambos regímenes. “La Superintendencia Nacional de Salud actualizará el acto administrativo que autoriza el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o de quienes hagan sus veces, que se encuentren actualmente autorizadas o habilitadas para operar, con el fin de incorporar el ámbito territorial correspondiente a las subregiones funcionales para la gestión territorial integral en salud pública definidas por el Ministerio de Salud y Protección”, afirma el decreto.
El Gobierno establece que, en un término de seis meses, el Ministerio de Salud y Protección Social, en articulación con la Superintendencia de Salud, las entidades territoriales y demás actores del sistema, formulará los lineamientos para el seguimiento y evaluación de este modelo, con las fases, indicadores, metas, fuentes de información, responsables institucionales y mecanismos de reporte y retroalimentación.
El texto subraya que Las entidades y actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrán un plazo máximo de un año para adecuar su funcionamiento al Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, su articulación a las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud – RIITS.
No obstante, hay una fuerte discusión abierta, ya que, según algunos expertos en derecho, el decreto sería inconstitucional por tener algunas medidas que contradicen lo estipulado en la ley y por reemplazar la labor del Legislativo, que ahora mismo está discutiendo la reforma a la salud.
