Un decreto expedido por el Gobierno nacional levantó ampolla entre los empresarios colombianos. Se trata de un aumento de las tarifas de la retención en la fuente a algunas empresas, que permite adelantar el recaudo de 2026 para este año.
El mayor impacto lo sentirán los sectores de extracción de gas, oro y otros metales, generación de energía eléctrica, productos agrícolas, servicios, entre otros.
Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, este decreto es una “reforma tributaria disfrazada, que afecta la caja del capital de trabajo de las compañías”.
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, denunció acorralamiento al empresariado. “Es evidente la persecución al sector productivo colombiano. Las empresas pagarán impuestos en 2025 que serán muy superiores a los que permite la normatividad vigente. Si se cambia la norma de retención en la fuente y autorretención, el gobierno se gastará en 2025 los recursos que están previstos para el 2026, se desfinanciará ese año y se obligará a las empresas a endeudarse”.
Y agregó que “este cambio en las reglas le hace daño a la actividad económica y la inversión. Es imposible creer que se trate de izquierdas o derechas… Es de no entender el papel del sector productivo en la sociedad”.
El Gobierno argumenta que esta medida busca mitigar el déficit fiscal que tiene el país, y que ha llevado a hacer recortes presupuestales en algunas carteras. El objetivo es recaudar más de $7 billones.
Con esta medida, el nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila, estrena el plan de choque para intentar sanear el hueco en las finanzas públicas, mientras se concreta si el Gobierno le apostará a una nueva ley de financiamiento.
