El polémico contratista Emilio Tapia conocido por el desfalco en el contrato de conectividad rural adjudicado al consorcio de Centros Poblados, vuelve a ser noticia. Este hombre, que obtuvo libertad condicional luego de cumplir 48 meses en prisión por la aceptación de los cargos y el preacuerdo vinculado con su responsabilidad en estas acciones, deberá regresar al centro penitenciario.
El juez 15 Penal del Circuito de Bogotá revocó esta medida y ordenó su captura inmediata. De acuerdo a las investigaciones, la medida fue tomada luego de resolver un recurso de apelación dado por la Procuraduría General, que consideró que la medida de libertad condicional era injustificada y que, además, favorecía a Tapia.
Por lo anterior, esta entidad consideró que el contratista tenía que permanecer en prisión y para ello apeló la decisión tomada en un inicio por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla en el mes de abril. En esa oportunidad, el juzgado primero argumentó buen comportamiento y el cumplimiento parcial de la condena por parte del implicado.
No obstante, tras el análisis del Juez 15 de segunda instancia, concluyó que no se cumplían las condiciones legales para mantener el beneficio de libertad condicional de Emilio Tapia, quien está vinculado al proceso de corrupción en donde se vio afectado el Ministerio de las TIC del gobierno de Iván Duque.
De acuerdo con indagaciones de la Fiscalía, Emilio Tapia proporcionó información falsa para cumplir los requisitos y acceder a un contrato por un billón de pesos y un anticipo de 700.000 millones de pesos para llevar internet a ciertas zonas rurales en el territorio nacional.
En esa oportunidad, el excontratista obtuvo una rebaja en la pena por ser testigo de otros implicados y asumir su responsabilidad. A pesar de comprometerse con la justicia en devolver 5.000 millones, hasta el momento solo ha entregado la mitad y afirmó que el dinero restante ($2.500 millones) será dado con predios de su propiedad.
Finalmente, el juez 15 Penal solicitó a la Fiscalía que sea estudiado con detenimiento si el contratista ha cumplido con la reparación de los daños causados por el hecho de corrupción de Centros Poblados.
