Las autoridades adelantan la verificación de los resultados de un operativo militar realizado en zona rural de Ituango, Antioquia, donde fue bombardeado un presunto campamento del frente 18 de las disidencias de las Farc.
La operación fue ejecutada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana contra una estructura armada que estaría bajo el mando de alias “Ramiro”, uno de los cabecillas señalados de operar en el norte del departamento.
Según las primeras versiones entregadas por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el ataque podría haber dejado integrantes del grupo armado muertos o heridos, aunque los resultados oficiales aún están en proceso de confirmación por parte de tropas que se encuentran en la zona.
Tropas verifican el área tras el ataque
Después del bombardeo, unidades del Ejército ingresaron al área para asegurar el terreno y recopilar información que permita establecer el impacto real de la ofensiva militar.
Las autoridades buscan determinar si en el campamento había integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y confirmar el número de posibles bajas, así como identificar material de guerra o evidencia que permita avanzar en procesos judiciales.
Gobernador denuncia presión de supuestos líderes comunales
En medio del operativo, el gobernador Rendón denunció que algunas personas que se presentan como líderes comunitarios estarían intentando obstaculizar el trabajo de la Fuerza Pública.
De acuerdo con el mandatario, estas acciones podrían estar relacionadas con una presunta instrumentalización por parte del grupo armado ilegal para impedir que los uniformados ingresen al lugar y verifiquen los resultados del ataque.
Por esta razón, pidió a la Fiscalía investigar y judicializar a quienes interfieran en las operaciones militares.
Alias ‘Ramiro’, objetivo clave de las autoridades
Alias “Ramiro” es señalado por las autoridades de estar detrás de múltiples delitos en el norte de Antioquia, entre ellos homicidios, extorsiones, amenazas y desplazamientos forzados en municipios como Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia.
Las autoridades mantienen una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita su ubicación o captura. Además, el gobernador cuestionó que este cabecilla hubiera sido liberado anteriormente tras ser capturado en una caravana de la Unidad Nacional de Protección.
Mientras continúan los operativos en la zona, las autoridades buscan esclarecer el impacto del bombardeo y debilitar la presencia de las disidencias en esta región estratégica del departamento.
