Franco Caraballo fue capturado durante un trámite migratorio. Shirly Guardado, detenida en su trabajo y Camila Muñoz al volver de su luna de miel. Nadie está a salvo de la cacería de migrantes en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump asegura que captura a delincuentes, pero familiares de varios detenidos rechazan esas acusaciones.
En un puesto de control en las carreteras de Texas, agentes de inmigración detuvieron a una pareja mexicana indocumentada que se dirigía a un hospital en Houston para el tratamiento de cáncer de su hija de 10 años.
Gran parte de esta familia -con cinco de sus seis hijos estadounidenses- fue deportada, según informó la ONG Texas Civil Rights Project.
“Debimos decidir entre separarnos de nuestros hijos o ser deportados juntos. Ahora estamos en México sin el acceso a la atención médica urgente que necesita nuestra hija”, dijo la madre, bajo condición de anonimato.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas -la temida ICE de los migrantes- la administración Trump detuvo en sus primeros 50 días de gestión a 32.809 migrantes, de los cuales casi la mitad eran delincuentes convictos.
Y el 16 de marzo deportó a más de 200 a una cárcel de El Salvador, bajo una ley de guerra del siglo XVIII, acusándolos de pertenecer a la pandilla El Tren de Aragua.
“No he hecho nada”
Franco, barbero venezolano de 26 años y en proceso de asilo desde 2023, acudió a una cita que tenía en la oficina de ICE en Dallas, Texas, en febrero. No salió más.
“No he hecho nada, soy una persona sana”, le dijo por teléfono a su esposa Johanny Sánchez, venezolana de 22 años, quien incluso debió dormir en un auto por falta de recursos.
Franco le contó que le colocaron un uniforme rojo, que distingue a los migrantes peligrosos. El día previo a su deportación ya no tuvo noticias de él.
Los tatuajes
“Mi abogado habló con ICE y le dijeron que Franco fue deportado [a El Salvador], que no tenía récord criminal pero que sospechan que era miembro del Tren de Aragua, por sus tatuajes”, explica Johanny.
Franco lleva tatuado un reloj con la hora de nacimiento de su primera hija, y una rosa.
El venezolano Mervin Yamarte, de 29 años, fue reconocido por su familia en Dallas en un video difundido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele con la llegada de deportados. Detenido una semana antes, trabajaba en mecánica y jugaba fútbol con la camiseta 99, número que lleva tatuado en una mano.
Jhon Chacín, tatuador venezolano de 35 años, se entregó formalmente en la frontera en octubre de 2024, durante el gobierno de Joe Biden.
Pero quedó detenido por sus tatuajes. Medio año después el gobierno de Trump lo envió a El Salvador sin pruebas en su contra, explica su hermana Yuliana en Dallas.
Votó por Trump
Camila Muñoz, peruana de 26 años, fue interceptada en febrero en un aeropuerto de Puerto Rico, territorio estadounidense, cuando volvía a Wisconsin tras su viaje de luna de miel con Bradley Bartell.
Si bien su visa estaba vencida, ya había iniciado trámites de residencia. Está detenida en Luisiana. “Todavía estoy un poco en shock”, confiesa su esposo.
Bradley votó por Trump. “No diría que me arrepiento, me quejo del sistema. Trump lleva dos meses y el sistema lleva mucho más. Le pediría que arregle el sistema judicial”, asegura.
Para el abogado de migración David Rozas, quien asesora a Bartell, lo que está ocurriendo “es lo más aterrador” que ha vivido en sus dos décadas de carrera.
“Los migrantes han sido la columna vertebral de este país. Y que vayamos a deportar a quienes cumplen con labores que los estadounidenses han decidido no realizar, hace que la gente se sienta muy traicionada”, considera.
“No es delincuente”
Shirly Guardado, hondureña de 27 años, estaba en su puesto de trabajo cerca de Houston, Texas, cuando agentes de migración se la llevaron por supuestamente estar involucrada en un accidente de tránsito.
“Ella no es una delincuente. Es mi esposa. Es la madre de mi hijo. Siempre ha seguido las reglas, no tiene ni una multa de tránsito. Es una ciudadana ejemplar a la que admiro”, explica su esposo Ayssac Correa, de 25 años, sargento del ejército estadounidense.
Shirly ingresó al país irregularmente hace una década, pero tras casarse con Ayssac hace tres años inició los trámites para su permanencia legal.
Sin ella en su casa en Spring, Texas, Ayssac cuida del hijo de ambos, de 10 meses. “No duerme tan bien porque está acostumbrado a dormir en la cuna junto a mi esposa y a mí”, cuenta.
“Puede que la liberen. Pero tengo que prepararme por si la deportan”, explica Ayssac. Si eso ocurre, iniciarían un largo trámite para que regrese legalmente. “Durante esos tres o cinco años mi hijo no tendría a su madre”.
