Durante la audiencia de imputación contra alias El Costeño, también conocido como ‘Chipi’ y señalado de ser uno de los autores intelectuales del atentado fallido contra Miguel Uribe, el juez aseguró que la falta de acción por parte del Estado habría contribuido directamente al riesgo que enfrentó el dirigente político.
El juez de control de garantías encendió las alarmas al advertir que la Unidad Nacional de Protección (UNP) podría haber cometido prevaricato por omisión, al no fortalecer el esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a pesar de múltiples advertencias.
¿Prevaricato por omisión? Juez deja constancia del posible delito
Según explicó el magistrado, la omisión de medidas de protección podría configurar un delito previsto en el artículo 414 del Código Penal colombiano. El pronunciamiento judicial menciona de forma directa a la UNP, entidad encargada de la seguridad de líderes políticos en riesgo.
Además, el juez advirtió que este tipo de negligencias institucionales no solo afectan la integridad de las personas protegidas, sino que también pueden alimentar la polarización política, el estigma y el hostigamiento contra figuras de oposición.
Más de 20 alertas ignoradas por la UNP, según la defensa
La defensa del senador, liderada por el abogado Víctor Mosquera, denunció que se presentaron al menos 20 solicitudes formales ante la UNP, pidiendo reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe, sin obtener respuesta alguna por parte del director de la entidad, Augusto Rodríguez.
“El senador Uribe, quien además aspiraba a la Presidencia, no recibió garantías mínimas para ejercer sus derechos políticos. Hubo indiferencia institucional”, sentenció Mosquera durante la audiencia.
La diligencia judicial dejó en evidencia que, pese a las reiteradas alertas, la UNP no ejecutó acción concreta alguna que mitigara los riesgos denunciados.
Llamado a investigar posibles responsabilidades penales
La gravedad de los hechos abre un nuevo frente en este caso: determinar si funcionarios de la UNP podrían enfrentar consecuencias legales por su aparente omisión ante un riesgo claro y advertido.
El pronunciamiento del juez también pone sobre la mesa la necesidad urgente de revisar el funcionamiento del sistema de protección a líderes políticos en Colombia, especialmente en contextos de alta tensión política y amenazas latentes.
