La liberación de los ocho miembros de una misión médica secuestrados en zona rural de La Plata, Huila, puso fin a más de un día de tensión e incertidumbre en el suroccidente colombiano. Los profesionales de la salud, adscritos a la E.S.E. San Sebastián, fueron entregados este jueves en buenas condiciones físicas, aunque visiblemente afectados por la experiencia.
De acuerdo con fuentes oficiales, el grupo integrado por la médica Natalia Melisa Sánchez, la enfermera jefe Estefanía Silva, los auxiliares Ayde Quinaya, Nicol Galbin, Jhon Rengifo, María Alejandra Muñoz, y los conductores Freiner Castro Campos y Helmer Manolo Díaz fue interceptado el miércoles 8 de octubre mientras adelantaba jornadas de atención primaria y vacunación en las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, zonas de difícil acceso y con presencia de grupos armados.
El operativo de liberación se habría logrado gracias a la presión combinada de las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y líderes comunitarios, quienes mediaron para garantizar la entrega segura del personal médico.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los responsables serían miembros de la columna móvil Hernando González Acosta, estructura perteneciente a las disidencias del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco. “Su acción contra una misión médica es una violación al Derecho Internacional Humanitario”, afirmó el funcionario, quien también cuestionó el apoyo que algunos sectores aún brindan a estos grupos armados.
Por su parte, el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, explicó que en un principio se creyó que se trataba del hurto de las camionetas en las que se desplazaban los médicos, pero al caer la tarde del miércoles se confirmó que habían sido secuestrados.
La ONU, a través de su Oficina de Derechos Humanos en Colombia, celebró la liberación del grupo y reiteró su llamado a los actores armados a respetar de manera irrestricta el Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Los trabajadores de la salud no pueden ser utilizados como instrumentos de presión o de control territorial”, indicó el organismo.
Las autoridades mantienen la presencia de la fuerza pública en el área y continúan las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de este secuestro que conmocionó al departamento del Huila.
