La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un llamado urgente al Gobierno para que gire los recursos que le permitan implementar las sanciones al exsecretariado de las Farc y a los militares implicados en falsos positivos.
Este tribunal solicitó al Gobierno y al Congreso $121.858 millones para ejecutar las primeras sentencias restaurativas contra comparecientes de las Farc-EP y de la fuerza pública, puesto que afirman que la asignación inicial de $20 mil millones es insuficiente para poner en marcha proyectos que contribuyan a reparar los daños del conflicto.
“El cumplimiento de las Sanciones Propias del Caso 01 (secuestros de las Farc-EP) y del Caso 03 (asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe) depende, por mandato legal y constitucional, de la asignación de recursos. Urge garantizar la apropiación presupuestal para estos proyectos y los que vendrán en el futuro”, señaló la JEP en un comunicado.
Aseguró que estos fondos se destinarán a los proyectos en los que participarán los comparecientes, como parte de su sanción, y que se enmarcan en 7 líneas de acción definidas con base en lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz y la ley:
1. Búsqueda de personas desaparecidas
2. Acción Integral contra las Minas Antipersonal
3. Medio ambiente, naturaleza y territorio
4. Memorialización y reparación simbólica
5. Daños diferenciales y macrovictimización
6. Educación, alfabetización y capacitación
7. Infraestructura rural y urbana
En la carta enviada al Congreso expresas dos preocupaciones. La primera es que el Ministerio de Justicia no ha tramitado el decreto de condiciones transversales (seguridad, protección, habitabilidad y dignidad), indispensable para cumplir las sanciones. Y la segunda es que el Ministerio de Hacienda no ha priorizado los gastos de la JEP en el Presupuesto 2026, pese a una circular previa.
“Hacemos un llamado a la acción: es indispensable asegurar una apropiación presupuestal suficiente para los proyectos restaurativos en marcha y los que vendrán con nuevas sentencias”, afirman.
Y manifiestan que seguirán colaborando armónicamente con el Estado para cumplir la misión de investigar, juzgar y sancionar, así como garantizar que las sentencias restaurativas se traduzcan en acciones reales que alivien el daño y no se queden en el papel.
