Una serie de documentos y comunicaciones internas desató una tormenta política alrededor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de que salieran a la luz indicios que apuntarían a posibles acercamientos entre uno de sus altos mandos y estructuras criminales de las disidencias de las Farc. La información, revelada por medios nacionales, abrió interrogantes sobre decisiones estratégicas recientes dentro del organismo.
La controversia gira en torno a Wilmar Mejía, actual director de inteligencia del DNI y figura cercana al presidente Gustavo Petro. Según reveló Noticias Caracol, en dispositivos incautados durante un operativo en Anorí, Antioquia, se habrían encontrado chats, fotografías, documentos y correos que sugieren una relación directa y constante con miembros del grupo comandado por ‘Calarcá Córdoba’.
El director del DNI, Jorge Arturo Lemus, aseguró a Noticias RCN que no tenía conocimiento de estos supuestos vínculos. La entidad ya abrió una investigación interna para esclarecer el origen y autenticidad del material, y para determinar si existieron conductas irregulares por parte del funcionario.
Un funcionario clave y un general bajo la lupa
Mejía, licenciado en Educación Física, ascendió rápidamente hasta convertirse en uno de los hombres con mayor acceso a información estratégica dentro del organismo. Desde que asumió su cargo en mayo de 2024, tuvo participación en decisiones operativas relevantes, así como en gestiones para el eventual reingreso de exgenerales a procesos institucionales.
Entre las revelaciones también figuran presuntos viajes del funcionario a Venezuela, donde habría recibido información sobre la muerte de un integrante de las disidencias, acompañado del general Juan Miguel Huertas, otro de los nombres señalados en estos reportes.
Nuevos señalamientos sobre financiación política
Los documentos filtrados también mencionan una presunta participación de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en la financiación de la campaña presidencial de 2022, bajo la supuesta intermediación de la vicepresidenta Francia Márquez. Ella ya ha rechazado públicamente estas acusaciones y reiteró que se trata de informaciones sin fundamento.
La polémica sigue creciendo mientras avanzan las investigaciones oficiales y continúan apareciendo detalles que alimentan el debate sobre la influencia de grupos armados en instituciones clave del Estado.
