El pasado espectáculo en el recién inaugurado centro de eventos Vive Claro, desató una polémica por los altos niveles de ruido que afectaron la tranquilidad de los vecinos. El escenario, que, desde antes de entrar en operación, ha estado en la mira de concejales y de la comunidad, enfrenta ahora una acción popular.
La Fundación Misión de Observación del Deporte, Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Modera) informó esta iniciativa cuenta con el respaldo de más de 60 residentes de los barrios Salitre Greco, La Esmeralda, Pablo VI, Quirinal y demás sectores aledaños al escenario Distrito Verde Vive Claro.
La acción popular obedece a lo que consideran irregularidades presentadas en la etapa precontractual y la ejecución de Contrato No. 078 de 2023, cuyo objeto es el arrendamiento de los Lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar para el desarrollo del proyecto.
“Cabe resaltar que el pasado domingo 24 de agosto de 2025, durante el evento denominado Green Day, realizado en dicho lugar y al cual asistieron más de 35.000 personas, se evidenció que las vibraciones y los niveles de ruido generados superaron los 90 Hz permitidos por la normatividad
vigente, afectando directamente la tranquilidad y el bienestar de la comunidad”, señala el comunicado de Modera.
Añade que el proyecto desconoce principios esenciales relacionados con el derecho colectivo a un ambiente sano, el uso adecuado del espacio público, la seguridad y la prevención de desastres previsibles, así como la obligación de que las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos se ejecuten bajo criterios jurídicos y técnicos, en beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
“Por lo anterior, se solicitó la suspensión inmediata del contrato 078 de 2023 y de toda actividad o evento programado en el escenario, y se hizo un llamado a los organismos de control competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes desde la etapa precontractual hasta la ejecución del proyecto, dadas las presuntas irregularidades en el proceso de contratación. Todo ello, con el propósito de salvaguardar los derechos colectivos de los residentes y prevenir el peligro inminente que representa esta infraestructura”, puntualiza el comunicado.
