La comunidad del barrio La Virginia, en el norte de Pitalito (Huila), vive momentos de profunda indignación ante la posibilidad de que el presunto responsable del asesinato de María Camila Plazas, una niña de 10 años, recupere su libertad por vencimiento de términos.
El caso, que ocurrió el 27 de enero de 2023, sigue sin una condena judicial firme, a pesar de la gravedad de los hechos y del tiempo transcurrido desde el crimen.
El acusado podría quedar en libertad en las próximas semanas
El señalado agresor es Jonathan Francisco García Tapias, quien ya había salido de prisión y ahora podría quedar en libertad si el proceso no avanza antes de marzo de 2026.
Según la familia de la menor, el riesgo de que el caso quede sin sanción aumenta debido a las constantes dilaciones judiciales que han marcado el proceso.
Así ocurrieron los hechos que conmocionaron a Pitalito
De acuerdo con la investigación, García Tapias habría intentado abusar de la menor y, al ser sorprendido por la abuela de la niña, atacó a ambas con un arma blanca.
María Camila murió como consecuencia de la agresión y su abuela resultó gravemente herida.
Minutos después del ataque, vecinos del sector lograron retener al presunto responsable y lo entregaron a las autoridades.
Tres años sin sentencia y múltiples aplazamientos
A pesar de la captura inmediata del acusado, tres años después el proceso judicial sigue sin una condena. La familia denuncia que audiencias clave han sido aplazadas sin justificación.
Una tutela ordenó a la juez del caso adelantar el juicio oral en noviembre del año pasado, pero la diligencia fue cancelada, lo que aumentó la preocupación de los allegados de la víctima.
El clamor de la madre: “Que no quede impune”
Esperanza Luna, madre de María Camila, expresó su dolor y exigió justicia para su hija y su madre, quien también fue víctima del ataque.
“Yo lo único que pido es justicia. Que no quede impune la muerte de mi hija ni la agresión que le hicieron a mi mamá”, manifestó.
Medida disciplinaria contra la juez del caso
Ante las presuntas irregularidades, el Tribunal Superior de Neiva ordenó cinco días de arresto contra la juez del proceso por desacato, con el objetivo de garantizar el avance del juicio.
Mientras tanto, el caso sigue abierto y sin una decisión definitiva, lo que mantiene en alerta a la familia y a la comunidad, que exigen una pronta respuesta de la justicia.
