El Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió este miércoles una sentencia sin precedentes en Colombia, al condenar a 7 exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Entre los condenados se encuentran Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo y otros cuatro exdirectivos de la compañía.
Todos deberán pagar una multa superior a 13.879 millones de pesos colombianos, una condena de 135 meses de preisión y no podrán acceder a beneficios como prisión domiciliaria. Se ordenó liberar las respectivas órdenes de captura. Así lo informó el diario El Tiempo.
El trasfondo del caso
Esta condena llega a solo dos meses de que prescribiera el proceso, que se originó por los pagos que la compañía bananera hizo a grupos paramilitares en Colombia entre 1997 y 2004.
En 2007, Chiquita Brands admitió en Estados Unidos haber pagado más de 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que le costó una multa de 25 millones de dólares. Sin embargo, en Colombia el caso se mantenía impune hasta este nuevo fallo judicial.
Alias ‘Pedro Bonito’ era el enlace con las AUC
La sentencia señala al exjefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, como el enlace entre Chiquita Brands y las AUC. Hasbún, líder del Bloque Bananero, fue quien gestionó el flujo de dinero desde la multinacional hacia los grupos armados ilegales.
El fallo desestima la defensa del excontralor de Chiquita en Colombia, John Paul Olivo, quien alegó desconocer los pagos: “No es lógico, pues debía verificar los soportes de las erogaciones de la compañía y reportarlos a EE. UU., especialmente unos pagos de esa magnitud”, señala el texto.
Regaño a la Fiscalía por negligencia
La sentencia también reprendió duramente a la Fiscalía General de la Nación por su falta de diligencia en el caso: “Su actuación fue sumisa, superficial y carente de rigor, tanto en la fase investigativa como durante el juicio oral. Se vulneraron los derechos de las víctimas y los principios de eficacia y buena fe”.
La jueza Diana Lucía Monsalve ordenó remitir copia del fallo a la fiscal general para que evalúe responsabilidades internas.
Un caso con eco internacional
Este fallo en Colombia se da luego de que en EE. UU. un jurado condenara a Chiquita en 2024 a pagar 38 millones de dólares a víctimas de las AUC. Aunque está en apelación, ese proceso marcó un hito en la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad, y presionó a la justicia colombiana a actuar.
Este fallo se considera uno de los más importantes en Colombia en materia de responsabilidad corporativa en el conflicto armado, y podría abrir la puerta a nuevas investigaciones similares.
