El jefe de Estado, Gustavo Petro, en el consejo de ministros efectuado el lunes 16 de marzo, anunció la liquidación de todas las EPS que estén en quiebra tras la suspensión del decreto de ordenamiento de afiliados por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia.
El mandatario aseveró que la decisión adoptada por el tribunal fue una ‘política de ataque’ y, además, cuestionó la competencia de la entidad para frenar la normativa que buscaba trasladar a 3.000.000 de usuarios hacia la Nueva EPS.
En su alocución, Petro criticó el fallo judicial afirmando que “no tenía competencia” para anular el decreto de traslado de pacientes, pues, de acuerdo con el mandatario, dicha medida impide que el sistema trabaje de manera adecuada y agrava la crisis.
“El tribunal acaba completamente la posibilidad de eficacia. Evitó la solución del Gobierno y eso conduce a que hoy las EPS estén en quiebra”, señaló.
¿Qué pidió el presidente Gustavo Petro?
Ante este escenario, el jefe de Estado fue contundente en afirmar que es necesario liquidar algunas EPS, pero que cumplan ciertos criterios.
“Todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera”, sentenció. A su vez, anunció que el próximo 20 de julio radicará, de nuevo, la reforma a la salud y la reforma tributaria para buscar salidas a este modelo de salud.
Gustavo Petro indicó que protegerá a la Nueva EPS y para ello le solicitó al Ministerio de Hacienda un Confis para pagar las deudas que tiene el Estado con esta EPS con el fin de mejorar su operatividad y realizar un saneamiento general para que pueda recibir a los usuarios de las EPS en liquidación.
Cabe destacar que son 8 entidades intervenidas por el gobierno y que estarían en esta lista para ser, eventualmente, liquidadas. Estas son: Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Essanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud, Capresoca y la Nueva EPS. Estas entidades reúnen alrededor de 23 millones de afiliados, que representan el 43% de la población del país.
Esta situación plantea retos al sistema de salud debido a la dificultad que los usuarios tienen con los tratamientos de alta complejidad, de alto costo y la entrega de medicamentos. Se prevé que el proceso de cambio planteado por la Casa de Nariño genere mayor presión en la atención al usuario.
