Una denuncia penal que será presentada ante la Fiscalía pone bajo la lupa a Findeter. El exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, asegura que la entidad habría direccionado millonarios recursos públicos a municipios afines al Gobierno Nacional, presuntamente con fines políticos y electorales.
Señalamientos por presunta politiquería con recursos públicos
En medio del clima preelectoral y del estricto control sobre el uso de recursos del Estado, una denuncia de alto impacto sacude a la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad creada para impulsar proyectos regionales.
Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, afirmó que Findeter habría sido utilizada como un mecanismo de reparto político, priorizando proyectos en municipios gobernados por alcaldes cercanos al Ejecutivo y dejando por fuera a otros sin justificación técnica aparente.
Denuncia penal y pruebas documentales
Enciso anunció que este mismo día radicará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Según explicó, el proceso está respaldado por correos electrónicos internos, documentos oficiales y una tabla de Excel extraída de un computador de la entidad.
Estos archivos, aseguró, evidenciarían decisiones adoptadas no con base en criterios financieros, sociales o técnicos, sino en afinidades políticas y conveniencias electorales.
El programa “Transformando Regiones”, en el centro de la polémica
De acuerdo con la denuncia, desde 2024 Findeter habría modificado su forma de operar para convertir el programa Transformando Regiones en un mecanismo de asignación selectiva de proyectos.
Enciso sostuvo que, por decisión de las más altas directivas, los recursos fueron dirigidos exclusivamente a municipios administrados por mandatarios locales cercanos o simpatizantes del Gobierno Nacional, excluyendo a otros sin explicaciones claras.
¿Qué revelan los documentos internos?
Según el exfuncionario, la tabla de Excel incluida en la denuncia contiene anotaciones que no corresponden a evaluaciones técnicas.
Entre las referencias, mencionó descripciones relacionadas con vínculos familiares con dirigentes políticos, cercanías ideológicas y afinidades partidistas, elementos que no hacen parte de los criterios oficiales para la asignación de recursos públicos.
Aunque evitó revelar de forma anticipada los nombres de los municipios involucrados, anunció que el listado completo será publicado para que la ciudadanía pueda revisarlo y formarse su propio criterio.
Convenios millonarios y coincidencias políticas
La gravedad de la denuncia aumenta, según Enciso, por el momento en que se habrían aprobado los recursos. Como ejemplo, citó un convenio firmado en noviembre del año pasado entre Findeter y el municipio de Sabanalarga por 22 mil millones de pesos, destinado a un cupo de crédito para infraestructura.
Enciso señaló que el entonces director de Findeter, Juan Carlos Muñiz, es oriundo de ese municipio y que posteriormente fue visto participando en actividades políticas en la región, acompañando candidatas del Partido Liberal durante la campaña electoral.
Posibles responsables y próximas revelaciones
El exsecretario advirtió que la responsabilidad no recaería en una sola persona. Según dijo, en los próximos días se revelaría información adicional que comprometería al secretario general de Findeter, Iván Ramírez Rusinque; a Betty Ruiz, asesora cercana a la dirección; y al gerente de infraestructura, Hernán Pardo.
Afirmó contar con evidencia que, en su concepto, debe ser evaluada no solo desde el ámbito disciplinario o fiscal, sino también desde la esfera penal.
Un caso que pone a prueba a la justicia
Enciso concluyó que corresponderá a las autoridades determinar si Findeter fue utilizada para pagar favores políticos, direccionar recursos públicos y favorecer intereses electorales en un momento especialmente sensible para la democracia colombiana.
