Este lunes 19 de enero, tras un encuentro de más de tres horas, el Gobierno Nacional y los gobernadores de Colombia no lograron destrabar la polémica por el decreto de emergencia económica. La medida, que impone un incremento tributario al tabaco y al licor, ha generado una fractura institucional debido al temor de las regiones por un posible desplome en sus recaudos.
El impacto en las regiones: Temor por el contrabando y la salud
Los mandatarios departamentales fueron enfáticos en señalar que un aumento excesivo en los impuestos no se traducirá en mayor presupuesto, sino en un incentivo para la ilegalidad.
Además, también dijeron que este aumento de impuestos fomentará el contrabando de cigarrillos y licores y podría causar afectación social al disminuir el recaudo real que se pondría en riesgo la financiación de la salud, educación y el deporte en los territorios.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó el encuentro como una “reunión para la foto” y criticó la falta de diálogo previo a la firma del decreto.
El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que fue una reunión llena de humo, asegurando que están en manos de la Corte Constitucional. Por su parte, aseguró que Antioquia va a solicitar una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad con el fin de que la… pic.twitter.com/NdbpTOCjIo
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 19, 2026
Gobernadores anuncian acciones legales ante la Corte Constitucional
Ante la falta de acuerdos, los departamentos confirmaron que buscarán frenar el decreto por la vía judicial. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que solicitarán a la Corte Constitucional una “salvaguarda temprana” para proteger las rentas de licores y cigarrillos.
Los mandatarios, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos (FND), insistieron en que la medida vulnera la autonomía territorial y las rentas cedidas que por ley les pertenecen.
La respuesta del Gobierno: Compensación y obligatoriedad
El ministro del Interior, Armando Benedetti, actuó como vocero del Gobierno y recordó que el decreto es de obligatorio cumplimiento. No obstante, lanzó una propuesta para calmar los ánimos con una garantía de recaudo, donde el Gobierno Nacional se comprometió a compensar económicamente a los departamentos si se demuestra que el contrabando afecta sus finanzas.
Por el momento, el único punto de consenso acordado entre las partes fue la creación de mesas técnicas para evaluar el impacto real de la medida en las finanzas departamentales.
¿Qué pasará con los precios del licor y el tabaco?
Por ahora, el incremento tributario sigue vigente. Sin embargo, el futuro de los precios y de la emergencia económica depende ahora de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la legalidad del decreto. De suspenderse provisionalmente, los departamentos recuperarían el control sobre sus tarifas actuales.
