El gobierno del presidente Gustavo Petro declaró oficialmente el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, publicado en la noche de este lunes.
Con esta decisión, el Ejecutivo contará con 30 días calendario para expedir decretos con fuerza de ley, orientados principalmente a crear o modificar tributos y realizar ajustes presupuestales que permitan cubrir el déficit fiscal de 16 billones de pesos con el que se aprobó el Presupuesto General de 2026.
Emergencia Económica, decreto 1390 de 22 diciembre 2025. pic.twitter.com/rAEKqa5CMK
— MinHacienda (@MinHacienda) December 23, 2025
Qué permite la emergencia económica decretada por el Gobierno
El decreto faculta al Gobierno nacional para adoptar “todas aquellas medidas necesarias destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, incluyendo operaciones presupuestales y medidas fiscales transitorias.
Sin embargo, el documento no establece nuevos impuestos de manera inmediata. Primero debía declararse formalmente el estado de excepción y, posteriormente, expedir los decretos legislativos específicos que contendrán las cargas tributarias. Estas normas tendrán vigencia temporal y deberán ser expedidas dentro del mes que dura la emergencia.
Dudas sobre la constitucionalidad del decreto
La declaratoria ha generado cuestionamientos jurídicos, ya que la Constitución Política establece que la emergencia económica debe responder a hechos sobrevinientes e imprevisibles.
Varios de los argumentos presentados por el Ejecutivo, como el hundimiento de la reforma tributaria, habían sido anticipados tanto por la oposición como por sectores del Congreso, lo que abre el debate sobre si se cumplen los requisitos constitucionales.
Por esta razón, tanto la declaratoria como los decretos posteriores deberán ser revisados por la Corte Constitucional y estarán sujetos a control político del Congreso de la República, que será convocado diez días después de que finalice la emergencia.
Corte Constitucional evalúa suspensión provisional
El alto tribunal estudia la posibilidad de sesionar de manera extraordinaria para analizar la legalidad del decreto. Incluso se ha planteado la opción de suspender provisionalmente sus efectos, dado que los impuestos que se decreten se presumen legales mientras se decide su constitucionalidad. Este punto es especialmente sensible, ya que implicaría el cobro de nuevos tributos antes de un fallo definitivo.
Las razones que expuso el Gobierno para declarar la emergencia
En el texto del decreto, el Gobierno expuso varios argumentos para justificar la medida:
- Orden de la Corte sobre la UPC de las EPS
El Ejecutivo citó el cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional para aumentar el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las EPS. Este tema había derivado incluso en un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
- Crisis de orden público y seguridad
También se mencionan las difíciles condiciones de seguridad en regiones como Cauca, Cesar y Norte de Santander, así como el incremento de costos asociados a la protección de candidatos en el contexto electoral. Según el Gobierno, estos rubros demandarían 3,7 billones de pesos adicionales.
- Hundimiento de la reforma tributaria
El decreto reconoce que la caída de la reforma tributaria profundizó las presiones de liquidez del Estado y pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones sociales, contractuales y financieras.
Otros factores citados en la declaratoria
Entre los elementos adicionales que el Ejecutivo incluyó para sustentar la emergencia se encuentran:
- Los efectos de la ola invernal y desastres naturales.
- Obligaciones contractuales y legales pendientes.
- Restricciones al endeudamiento externo, incluyendo tensiones diplomáticas con Estados Unidos.
- Limitaciones en la caja de la Tesorería General.
- Impactos económicos posteriores a la pandemia y un crecimiento del gasto considerado “inflexible”. La declaratoria de emergencia económica marca un punto de inflexión en la política fiscal del Gobierno Petro y abre un periodo de alta tensión institucional, en el que la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la viabilidad jurídica de los nuevos impuestos que se alistan por decreto.
