Se complica el panorama político de Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y precandidato del Pacto Histórico. La Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra por la presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote.
También están cobijados nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares. El escrito de acusación precisa que las 13 personas investigadas –incluido el exmandatario– serían responsables de los delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de una conciliación prejudicial, los funcionarios habrían intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos, que correspondían al valor del lote.
De acuerdo con la Fiscalía, ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Los otros exfuncionarios investigados son la exsecretaria de Gestión Humana, Íngrid Vanessa González Montoya; la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez; el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios, Karen Bibiana Delgado Manjarrés; el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz; la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros, Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil; y la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría.
Los particulares vinculados a la investigación son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, tenedores del predio que está en el ojo del huracán.
