La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el empresario Julio Gerlein y los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón por los delitos de soborno en actuación penal y falso testimonio.
El proceso gira en torno a supuestos ofrecimientos económicos realizados a la excongresista Aida Merlano mientras permanecía recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
Los roles que atribuye la Fiscalía
Durante la audiencia, el fiscal del caso detalló el papel que, según la investigación, habría cumplido cada procesado:
• Julio Gerlein: señalado como presunto determinador del delito de soborno en actuación penal.
• Teodoro Deyongh: acusado como presunto autor de soborno en actuación penal.
• Diego Muñetón: señalado como presunto determinador de falso testimonio y coautor de soborno.
El ente investigador sostiene que los hechos ocurrieron en momentos clave, cuando Merlano estaba entregando información a la Corte Suprema de Justicia sobre presuntas irregularidades electorales en el Atlántico.
Ofrecimientos económicos y visitas a la cárcel
Según la acusación, Diego Muñetón ingresó en tres ocasiones al centro penitenciario. En una de esas visitas, el 28 de septiembre de 2018, habría ofrecido 500 millones de pesos a Merlano para cubrir gastos médicos de su hijo y honorarios jurídicos.
La Fiscalía también indicó que, en agosto de 2019, cuando se aproximaban diligencias judiciales relacionadas con el entonces senador Arturo Char, Muñetón volvió a visitar a la excongresista.
Por su parte, el abogado Teodoro Deyongh habría realizado dos visitas adicionales con el propósito, según la tesis del ente acusador, de evitar que en sus declaraciones se mencionara a la familia Gerlein.
Un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción electoral
Este caso se desprende del entramado judicial que rodea la condena de Aida Merlano por compra de votos en la región Caribe, uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años en Colombia.
Con la acusación formal, el proceso entra en etapa de juicio, donde un juez deberá determinar la responsabilidad penal de los implicados. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa las presuntas redes de poder político y económico vinculadas a procesos electorales en la costa Atlántica.
