La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso decisivo para esclarecer la muerte de Kevin Acosta, el niño con hemofilia cuya historia se ha convertido en el rostro de la crisis de atención en el sistema de salud colombiano. La entidad confirmó el inicio de una investigación preliminar, asignada formalmente a un fiscal de la Unidad de Vida de la seccional Bogotá.
El objetivo principal de las autoridades judiciales es determinar si el deceso del menor, afiliado a la Nueva EPS, fue consecuencia de una omisión médica o de la falta de suministros vitales para el tratamiento de su condición crónica.
La importancia del dictamen de Medicina Legal en el proceso judicial
Para que la investigación avance hacia una etapa formal, el ente acusador se encuentra a la espera del dictamen técnico-científico de Medicina Legal. Este documento es fundamental en el plan metodológico de la Fiscalía, ya que permitirá establecer con certeza la causa básica de la muerte y si esta guarda una relación directa con la presunta demora en la prestación de servicios especializados.
En casos de hemofilia, donde el manejo clínico debe ser inmediato y riguroso, cualquier retraso en la atención puede derivar en consecuencias fatales, un punto que será el eje central del análisis forense y jurídico.
Un caso que escala a la Procuraduría y señala al Ministerio de Salud
La muerte de Kevin Acosta no solo ha activado el aparato penal, sino que también ha generado un fuerte eco en el ámbito disciplinario. De manera paralela a la investigación de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación ya recibió una queja formal contra el Ministro de Salud, buscando determinar si existen fallas sistémicas y administrativas que permitieron este desenlace.
Esta doble vía de investigación pone bajo la lupa no solo a la Nueva EPS, sino a la estructura misma del modelo de salud actual, evidenciando el temor de miles de pacientes con enfermedades huérfanas o crónicas que enfrentan barreras similares.
Prioridad nacional ante las fallas estructurales del sistema
Dada la relevancia social y la indignación que ha despertado el caso en la opinión pública, la Fiscalía ha otorgado un carácter prioritario al proceso. Aunque no se han revelado plazos específicos para la entrega de resultados, la investigación buscará identificar si hubo negligencia en el manejo clínico o irregularidades en la cadena de mando de la EPS responsable. Por ahora, el país permanece atento a un proceso que podría sentar un precedente histórico sobre la responsabilidad de los funcionarios y las entidades prestadoras de salud ante la protección del derecho fundamental a la vida en este 2026.
