La Fiscalía General de la Nación avanzó este lunes 1 de diciembre con la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), señalados de participar en un presunto esquema de corrupción desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) para favorecer proyectos del Gobierno en el Congreso.
Ambos exfuncionarios fueron acusados de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Ninguno aceptó los cargos.
Bonilla asistió presencialmente al Tribunal Superior de Bogotá, donde reiteró su inocencia. Velasco, por su parte, se conectó de manera virtual, mientras la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas acudieron de forma presencial.
Presunto pacto criminal para asegurar mayorías
Según la fiscal María Cristina Patiño, Bonilla y Velasco habrían participado en un “pacto criminal” con congresistas y funcionarios del Ejecutivo para direccionar contratos del Invías y la Ungrd a cambio de votos para las reformas del Gobierno Petro, especialmente la pensional y la de salud.
La Fiscalía afirmó que entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habrían direccionado 79 proyectos: 74 desde el Invías por $561.701 millones y 5 desde la Ungrd por $40.536 millones, para un total de $612.237 millones.
Esos recursos, según el ente investigador, estaban ligados a congresistas de comisiones que tenían a su cargo el trámite de las reformas.
Ejecución operativa: Olmedo López y Sneyder Pinilla
La Fiscalía señaló que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, habrían ejecutado la logística de los contratos. Testimonios como el de María Alejandra Benavides, quien se acogió a principio de oportunidad, indican que los exministros supuestamente instruían la priorización de proyectos solicitados por congresistas.
Incluso, según la fiscal, Velasco habría solicitado la presencia de López en la Comisión Séptima del Senado durante el debate de la reforma pensional para entregar contratos a legisladores que apoyaran la iniciativa.
Cómo se habría distribuido la contratación
La Fiscalía entregó detalles sobre cómo se habrían asignado los proyectos por comisión:
- Comisión Cuarta de la Cámara: 13 proyectos por $142.658 millones
- Comisión Cuarta del Senado: 19 proyectos por $80.816 millones
- Comisión Tercera del Senado: 14 proyectos por $155.145 millones
- Comisión Tercera de la Cámara: 25 proyectos por $177.380 millones
Entre los presuntos beneficiarios estarían los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Pitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo. Además, investigaciones citadas por la Fiscalía sostienen que el senador Julio Elías Chagüi habría gestionado proyectos por $15.700 millones en Córdoba, asegurando que representaba a un bloque de nueve senadores.
Defensa de los imputados
Tras dos horas de exposición de la Fiscalía, tanto el representante de las víctimas como la Procuraduría respaldaron la imputación presentada, consolidando la postura de la parte acusadora.
Sin embargo, la defensa comenzó a controvertir la calificación jurídica. Mauricio Pava, abogado del exministro Ricardo Bonilla, anunció que solicitará la nulidad de la imputación en lo relacionado con el delito de concierto para delinquir.
“Creemos que la calificación jurídica es manifiestamente improcedente, toda vez que lo que es un evento de una hipotética y supuesta coparticipación criminal está siendo convertido en un concierto para delinquir”, señaló el jurista.
Bonilla también intervino, expresando dudas sobre los delitos atribuidos y criticando la falta de comunicación previa con la Fiscalía: “Yo he escuchado atentamente a la señora fiscal, a la cual apenas conozco hasta hoy. Nunca quiso hablar conmigo (…) Ya sé cuáles son los hechos, no estoy de acuerdo con ellos y ya lo demás vendrá en el proceso”.
La audiencia continuará en las próximas sesiones, donde la defensa ampliará sus argumentos para desvirtuar la imputación y buscar la nulidad parcial del proceso.
