La familia de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que falleció tras complicaciones asociadas a la hemofilia, anunció acciones judiciales contra el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.
El equipo jurídico, liderado por el abogado Manuel Vicente Villanueva, radicará una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y también presentará acciones ante la Fiscalía. El propósito, según la defensa, es que se investigue una presunta revictimización estatal y se determinen responsabilidades políticas y administrativas.
La familia no descarta acudir a instancias internacionales si consideran que en Colombia no se garantiza justicia.
El caso Kevin Acosta: medicamentos suspendidos y traslado tardío
Kevin falleció el 13 de febrero en el Hospital La Misericordia, en Bogotá, luego de ser trasladado desde Huila. Según su familia y organizaciones de pacientes, el menor llevaba dos meses sin recibir emicizumab, un medicamento esencial para tratar la hemofilia A severa.
El niño estaba afiliado a Nueva EPS y, de acuerdo con las denuncias, no tenía una IPS asignada tras la finalización de un convenio entre la EPS y su prestador anterior. La interrupción del tratamiento y la falta de atención oportuna habrían agravado su condición tras una caída en bicicleta que le produjo un trauma craneoencefálico.
El movimiento Pacientes Colombia calificó la muerte como “evitable” y señaló presuntas fallas estructurales en la prestación del servicio.
Señalamientos y debate político
El caso escaló al terreno político luego de que el presidente Petro hiciera referencia pública a la historia clínica del menor durante un discurso. La revelación de información médica reservada generó cuestionamientos por una posible vulneración de la intimidad y del derecho a la confidencialidad.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, afirmó que el derecho a la salud no puede condicionarse a las decisiones de los pacientes o sus familias y subrayó que el sistema debe garantizar atención integral.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que el sistema de salud “falló” en el cuidado del menor y rechazó cualquier intento de responsabilizar a la madre. La defensora Iris Marín calificó el caso como una muestra de las debilidades estructurales del modelo sanitario.
Investigaciones en curso y control institucional
La Procuraduría General de la Nación solicitó a Nueva EPS un informe detallado sobre su situación financiera y la gestión de recursos destinados a la red de prestadores. En paralelo, la Superintendencia Nacional de Salud deberá establecer posibles responsabilidades administrativas.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelanta inspecciones en varias IPS del país para verificar qué tratamientos y medicamentos fueron suministrados al menor y cuáles no. También se analiza el dictamen de Medicina Legal.
Posible escalamiento internacional
La familia insiste en que no solo busca sanciones, sino solidaridad y una revisión de fondo del sistema. Si las instancias nacionales no prosperan, acudirán a tribunales internacionales para denunciar lo que consideran una cadena de fallas que terminó en una tragedia evitable.
El caso de Kevin Acosta reabre el debate sobre el acceso efectivo a medicamentos para enfermedades huérfanas en Colombia y pone bajo escrutinio la responsabilidad del Estado y de las EPS en la garantía del derecho fundamental a la salud.
