Las personas desplazadas por la violencia en el Catatumbo siguen cargando su propia cruz. Aunque inicialmente habían sido trasladadas a un predio en la vereda Las Pavitas, en el municipio de Puerto Boyacá, ahora enfrentan nuevamente escenarios de amenaza, revictimización y riesgo.
Este viacrucis que viven en plena Semana Santa, las lleva ahora hasta Bogotá, donde la alcaldía de la ciudad y la Unidad de Víctimas han dispuesto medidas de acogida, a la espera de que la Agencia Nacional de Tierras disponga su reubicación definitiva.
“Mientras las entidades nacionales garantizarán el traslado y medidas inmediatas de alimentación, el Distrito asumirá la provisión de alojamiento temporal, así como el acceso a servicios de salud, educación, integración social, acompañamiento psicosocial, orientación jurídica a través de los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local, y caracterización socioeconómica para las familias que decidan permanecer en la ciudad”, señaló en un comunicado la alcaldía de Bogotá.
Aunque aseguran que Bogotá no es ajena a los desafíos de seguridad en los territorios, advierten que la ciudad enfrenta una situación que está cerca de desbordar sus capacidades en materia de atención a víctimas. “Solo en enero de 2025, y como consecuencia directa del contexto en el Catatumbo, Bogotá recibió un 30% más de personas en situación de desplazamiento forzado en comparación con años anteriores, lo que ha exigido un fortalecimiento de la respuesta institucional del Distrito”.
Desde el pasado 16 de enero, se ha profundizado la violencia en el Catatumbo por cuenta de rencillas entre el ELN y las disidencias de las Farc. A raíz de los enfrentamientos se ha desatado una de las crisis humanitarias más graves que ha afrontado Colombia.
Ha sido más de 50.000 las familias desplazadas, que han tenido que abandonar sus tierras, sus propiedades, sus cosechas y animales para salvaguardar su vida.
