El Ministerio de Justicia y del Derecho radicó, ante el Congreso de la República, un proyecto de ley que busca apoyar los esfuerzos del Gobierno para alcanzar la Paz Total en Colombia. Sin embargo, este incluye algunos puntos que han generado controversia.
La iniciativa contempla una reducción hasta del 70% de las penas para jóvenes judicializados en el marco de la protesta social, como los miembros de la Primera Línea. Así mismo, propone gabelas para integrantes de estructuras criminales, con rebajas del 40% al 60% de las penas, entre otras contemplaciones.
¿Qué dice el Gobierno?
Sin embargo, el gobierno asegura que, con el proyecto “Marco jurídico para La Paz total”, el país contará con normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas.
Y explica que no todos los grupos serán tratados igual:
-A grupos como el ELN o las disidencias de las antiguas Farc se les reconocerá un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz.
-A las bandas criminales, como el Clan del Golfo, se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.
El proyecto también aclara que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, afirmó el ministro Montealegre.
Y envió un mensaje al país. “Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”, dijo.
Enfatizó, además, en que el proyecto busca corregir uno de los grandes problemas que tiene hoy el sistema de justicia: la cantidad de leyes desarticuladas que hacen difícil enfrentar a los grupos ilegales.
Esta propuesta -aseguran- unifica criterios, evita confusiones y permite una actuación más efectiva por parte de jueces, fiscales y autoridades.
