Una denuncia administrativa y fiscal fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría General de la Nación contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, por la presunta ausencia de un sistema técnico que permita calcular el costo real de los pasaportes, visas y demás trámites consulares.
Según el denunciante, esta situación podría contradecir lo establecido en el artículo 338 de la Constitución y en las normas del Régimen de Contabilidad Pública, al no existir una metodología clara para determinar las tarifas que pagan los ciudadanos.
La respuesta oficial que originó la queja
El reclamo se fundamenta en una respuesta a un derecho de petición en la que la Cancillería reconoció que actualmente no cuenta con un sistema formal de costos ni ha adoptado modelos de costeo para establecer las tarifas.
Aunque la entidad mencionó las resoluciones que han ajustado los valores en los últimos años, precisó que los incrementos se realizan con base en la variación del IPC certificada por el DANE. Además, admitió que no existe un estudio técnico y financiero actualizado que justifique de manera detallada la recuperación de los costos de los servicios prestados.
Nuevo modelo de pasaportes bajo la lupa
La denuncia también retoma advertencias hechas por la Contraloría General de la República frente al nuevo modelo de expedición de pasaportes, que entrará en vigencia el 1 de abril.
Este esquema se implementará mediante un convenio con la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal, por un valor cercano a los 185.000 millones de pesos. Las alertas apuntan a la falta de una proyección integral de costos dentro de este contrato.
Riesgos señalados en la denuncia
De acuerdo con el documento radicado, la inexistencia de un sistema de costos impediría verificar si las tarifas realmente corresponden a la recuperación del servicio, como exige la ley. Esto podría derivar en:
• Posibles sobrecostos en la contratación.
• Riesgos de detrimento patrimonial.
• Cobros desproporcionados a los usuarios.
El denunciante solicitó a los entes de control establecer si es obligatorio contar con un sistema de costos para fijar tarifas, identificar eventuales hallazgos disciplinarios o fiscales y determinar si hubo perjuicio económico para el Estado o para los ciudadanos.
Asimismo, pidió ordenar la implementación inmediata de una herramienta técnica que permita definir de manera transparente y verificable el valor de los pasaportes y demás servicios consulares en Colombia.
