La mañana de este sábado, Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo confirmaron que siete menores de edad murieron en un bombardeo militar realizado esta semana en el Guaviare. Según la Defensora del Pueblo, Iris Marín, los adolescentes eran víctimas de reclutamiento forzado por parte de las disidencias de Iván Mordisco.
En medio de la conmoción por la verificación oficial, Marín pidió al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, suspender de inmediato los bombardeos aéreos en operaciones militares. La funcionaria advirtió que “hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos”, lo que encendió nuevas alarmas sobre la actuación de la Fuerza Pública.
Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos.
Pido al Presidente @petrogustavo y al@mindefensa @PedroSanchezCol suspender los bombardeos y evaluar.— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) November 17, 2025
La confirmación de las muertes pone bajo escrutinio la decisión del presidente Petro de retomar los bombardeos contra campamentos de grupos ilegales, una estrategia que él mismo había criticado de manera contundente durante el gobierno de Iván Duque. Petro justificó el operativo argumentando que pretendía evitar una posible emboscada contra 20 soldados que se encontraban en la zona. “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida (…) Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, escribió el mandatario en un mensaje público. “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”, añadió.
El Ministerio de Defensa confirmó que fueron siete los adolescentes fallecidos en la operación, realizada el 10 de noviembre, y aseguró que los menores habían sido reclutados y utilizados como combatientes ilegales. También informó que otros tres adolescentes fueron recuperados con vida y que la acción militar se ejecutó “con riguroso apego” al Derecho Internacional Humanitario (DIH), aplicando principios de precaución y proporcionalidad.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo sostiene que la muerte de los menores constituye una violación del DIH y recuerda que ningún niño, niña o adolescente reclutado debe resultar afectado en operaciones militares. “El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil no habilita la posibilidad de un ataque”, señaló Marín, quien también acusó a Iván Mordisco de usar a los menores como escudos de guerra.
Los bombardeos recientes —uno en Arauca y otro en Guaviare— han reavivado el debate sobre la pertinencia de esta estrategia militar en un contexto donde los grupos armados se mimetizan entre comunidades y utilizan estructuras menos jerárquicas que los ejércitos tradicionales. Expertos consultados señalan que, aunque los ataques aéreos representan una demostración de fuerza estatal, no siempre son adecuados para confrontar organizaciones criminales que operan entre población vulnerable.
La muerte de los siete menores deja al Gobierno en una situación particularmente compleja, más aún cuando el propio Petro ha denunciado ataques aéreos de otros países como “asesinatos extrajudiciales” y “violaciones del derecho internacional”. Hasta el momento, no se ha aclarado qué información de inteligencia respaldó el operativo ni qué medidas se tomaron para evitar la presencia de menores en el campamento objetivo.
La Defensoría insiste en la urgencia de suspender los bombardeos mientras se esclarecen los hechos y se revisan los protocolos operativos para evitar nuevas tragedias que sigan golpeando a los más vulnerables del conflicto armado colombiano.
