Un llamado urgente para que se atienda, en profundidad, la crisis que vive el Catatumbo, hizo la Defensoría del Pueblo al Gobierno Nacional, al advertir sobre un recrudecimiento de la violencia en esta región, a lo largo de este año.
Un informe da cuenta de las preocupantes cifras, que reflejan el viacrucis de miles de familias de la zona. La Defensoría señala que, entre enero y abril de 2025, hubo 117 muertes violentas. Entre las víctimas están seis firmantes de paz y cuatro menores de edad.
Así mismo, cerca de 65.000 personas reesultaron desplazadas de sus tierras, y lo perdieron todo, huyendo de la violencia. Sin contar a unos 13 mil habitantes que se encuentran confinados, prisioneros en su propia casa.
La Defensoría advierte sobre el uso de drones con cargas explosivas por parte de grupos armados al margen de la ley, ataques contra la Fuerza Pública y atentados en áreas rurales y urbanas.
También se muestra preocupada por el incremento del riesgo por minas antipersonales, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados. Comunidades indígenas como Motilón-Barí se han visto afectadas.
Por otra parte, hace un llamado de atención sobre la restricción de la movilidad en algunas zonas, así como la necesidad de atención humanitaria.
Además, la Defensoría señaló que Norte de Santander enfrenta fenómenos urbanos como trata de personas, extorsión y secuestros. Resalta que el trabajo interinstitucional es indispensable para garantizar la protección integral de los derechos de las comunidades, y articular respuestas efectivas.
Actualmente, hay alertas tempranas vigentes para municipios como Tibú, El Tarra y San Calixto. También para Ábrego, Convención, La Playa, Ocaña y Teorama.
