La Corte Suprema de Justicia rechazó por tercera vez una solicitud que buscaba dejar en libertad a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, implicada en el escándalo que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En esta ocasión, la Sala de Casación Penal estudió una acción de tutela interpuesta por su defensa contra decisiones previas relacionadas con su situación jurídica. Tras el análisis, el alto tribunal concluyó que no hubo vulneración de derechos fundamentales y que las determinaciones adoptadas se ajustaron al marco legal vigente.
Con esta decisión, Ortiz permanecerá privada de la libertad en una escuela de formación de la Policía en Bogotá, mientras continúa el proceso penal en su contra.
Los argumentos que analizó la Corte
El estudio de la Corte se centró en dos puntos clave: el trámite del hábeas corpus promovido por la defensa y la negativa de libertad por vencimiento de términos emitida por un juzgado de control de garantías en Bogotá.
Según la Sala, la exfuncionaria contaba con mecanismos ordinarios para controvertir las decisiones judiciales, como el recurso de apelación, al cual habría renunciado voluntariamente. Esta circunstancia, indicó el tribunal, impide que la tutela sea utilizada como vía alternativa para modificar la medida de aseguramiento.
La Corte enfatizó que no encontró irregularidades que justificaran intervenir de manera excepcional.
Estrategia jurídica sin resultados
El nuevo revés se suma a otros intentos fallidos de la defensa para cambiar la situación jurídica de Ortiz. En los últimos meses se han presentado solicitudes como el acceso a informes financieros de terceros, la petición de preclusión del proceso y argumentos sobre presuntas variaciones en la configuración del delito de tráfico de influencias. Ninguna de estas solicitudes ha prosperado ante los jueces.
Además, en etapas anteriores del proceso, la exconsejera manifestó su interés en un principio de oportunidad con el fin de aportar información sobre presuntas órdenes superiores dentro de la estructura investigada, una postura que ha generado contrastes frente a la estrategia de defensa desplegada en audiencias.
El caso UNGRD sigue bajo la lupa judicial
El proceso contra Sandra Ortiz forma parte del escándalo de presunta corrupción que sacudió a la UNGRD y que involucra millonarios contratos y decisiones administrativas bajo investigación.
Mientras avanzan las diligencias judiciales, la exfuncionaria continuará detenida, a la espera de que se definan las siguientes etapas del proceso penal en su contra.
