En el marco del desarrollo de la investigación por el escándalo de corrupción dentro de la UNGRD, la Corte Suprema de justicia ordenó la captura de los congresistas recientemente elegidos Wadith Manzur y Karen Manrique. La decisión del alto tribunal responde a la presunta participación de los legisladores en el delito de cohecho impropio. Según las investigaciones, Manzur, del Partido Conservador, y Manrique, representante de las curules de paz, habrían utilizado su posición en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para aprobar créditos de la Nación. A cambio de este respaldo legislativo, habrían recibido la asignación de proyectos financiados por la unidad de gestión de riesgos.
Además de las órdenes de captura, la Corte Suprema decidió llamar a juicio por los mismos hechos a otros cuatro parlamentarios de distintas colectividades. En la lista de implicados figuran Liliana Esther Bitar, del Partido Conservador; los liberales Julián Peinado y Juan Pablo Gallo; y el excongresista de la Alianza Verde, Juan Diego Muñoz Cabrera. El magistrado ponente, Misael Rodríguez, sostuvo que existen indicios suficientes para considerar que los políticos formaron parte activa del esquema de corrupción.
Pruebas clave y el vínculo con exministros del Gobierno
El expediente judicial cuenta con un robusto acervo probatorio que incluye grabaciones, documentos técnicos y testimonios que vinculan a los seis políticos con el intercambio de favores ilegales. La ponencia del magistrado Rodríguez indica que los congresistas habrían dado el visto bueno a los créditos nacionales a cambio de los denominados “cupos indicativos”. Estos acuerdos permitían direccionar recursos públicos hacia intereses particulares y regionales de manera irregular.
Las investigaciones apuntan a que estos ofrecimientos ilícitos habrían sido coordinados bajo las órdenes de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Ambos exfuncionarios de las carteras de Interior y Hacienda se encuentran privados de la libertad desde diciembre del año pasado. La Fiscalía avanza en las indagaciones para determinar el grado de responsabilidad de los exministros en la presión ejercida sobre los congresistas para asegurar el apoyo en la comisión de crédito público.
Millonario desfalco en municipios de Córdoba, Arauca y Bolívar
La justicia ha logrado identificar que los proyectos ofrecidos por el Gobierno a cambio del apoyo legislativo sumaban aproximadamente 92 mil millones de pesos. Estos recursos estaban destinados a obras en municipios específicos como Cotorra, en Córdoba; Saravena, en el departamento de Arauca; y El Carmen de Bolívar, en Bolívar. La distribución de estos proyectos evidencia cómo se habría fragmentado el presupuesto de emergencia para cumplir con los compromisos delictivos adquiridos con los parlamentarios.
Tras la orden de la Sala de Instrucción, los procesos de Manzur, Manrique, Bitar, Peinado, Gallo y Muñoz pasarán a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Allí se llevará a cabo el juicio formal una vez que el expediente sea repartido y se asigne un nuevo magistrado ponente. A pesar de la contundencia de las medidas tomadas por el alto tribunal, los implicados mantienen su postura de inocencia y aseguran que demostrarán su ajenidad al escándalo de la UNGRD.
