En un hecho histórico que estremece al Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la captura inmediata de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala de Instrucción tomó la decisión con 4 votos a favor de los 6 magistrados, determinando que existen méritos suficientes para vincularlos formalmente a una investigación penal. La medida de aseguramiento preventiva fue emitida por su presunta responsabilidad en el pago de sobornos por $4.000 millones de pesos, que habrían sido destinados a facilitar la aprobación de reformas clave del Gobierno Nacional.
La Corte Suprema les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario.
Declaraciones clave para las órdenes de captura
La decisión se basa en los testimonios del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y del exsubdirector, Sneyder Pinilla, quienes en interrogatorios ante la Fiscalía General de la Nación señalaron que los sobornos fueron entregados directamente a Name y Calle. Las entregas se habrían realizado en octubre de 2023, poco después de la adjudicación de un contrato para la compra de 40 carrotanques, operación ya cuestionada por sobrecostos y falta de transparencia.
Posible conexión con elección de magistrado
Una línea de investigación revelada por Semana apunta a que el dinero también habría sido usado para influir en la elección de Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, como magistrado de la Corte Constitucional, cargo que ocupa actualmente.
Próximos pasos del proceso
Ambos congresistas serán puestos a disposición de la justicia, y el caso pasará a etapa de imputación formal y eventual juicio penal. La Corte investiga si otros funcionarios del Ejecutivo también participaron en este presunto entramado de corrupción que salpica a los más altos niveles del poder legislativo y del Gobierno Nacional.
Este escándalo representa uno de los golpes más duros a la institucionalidad en los últimos años, y promete abrir nuevas líneas de investigación en torno a la presunta compra de apoyos políticos mediante recursos públicos.
