La Corte Suprema de Justicia en segunda instancia dejó en firme la orden de captura del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González, por el caso de corrupción de la UNGRD.
Según el alto tribunal, esta decisión tuvo en cuenta la primera instancia que corrobora que no hubo transgresión de la presunción de inocencia de Carlos Ramón González al corroborar que el exsenador Iván Name “aceptó haber acordado con el exdirector del Dapre la entrega de una coima”, aseveró la entidad de justicia.
Por lo anterior, el tribunal aseveró que confirma “la sentencia del 14 de octubre del 2025 proferida por la Sala de Decisión de Tutelas n.º 2 de la Sala de Casación Penal”, afirmó esta entidad.
Presuntos delitos de Carlos Ramón González
En el escrito de acusación, los fiscales delegados señalan al exdirector del DAPRE como presunto autor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
De acuerdo con las indagaciones hechas por el fiscal delegado, el exdirector del Dapre se habría reunido con el antiguo director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, para que presuntamente entregara $70.000 millones de pesos en contratos, 10.000.000 para Andrés Calle, expresidente de la Cámara, y $60.000.000 direccionados al expresidente del Senado Iván Name.
El alto tribunal argumentó que estas acciones buscaban apoyar proyectos de ley del Gobierno que por esos días cursaban en el Congreso de la República.
La Fiscalía detectó que el mismo Carlos Ramón González le dio instrucciones, al parecer, a Olmedo para que entregara $4.000 millones de pesos a ambos congresistas, ambos capturados por orden de la Suprema Corte de Justicia.
Carlos González está bajo la figura de asilo en Nicaragua
En agosto del 2025, el exfuncionario huyó de Colombia por una orden de captura originada desde el 3 de julio del 2025. Por esas fechas, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua anunció que le fue concedido asilo político con el argumento de que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos”.
Ante esta respuesta, la Cancillería respondió que Carlos Ramón González es “requerido por presunta comisión de delitos de carácter común” y no por persecución política, por eso solicita que sea tenida en cuenta la orden de captura.
