En una decisión clave para el sistema de salud en Colombia, la Corte Constitucional ordenó la suspensión por 30 días de las mesas técnicas encargadas del reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta medida se da en respuesta a fallas estructurales en el proceso liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
¿Qué implica la decisión de la Corte Constitucional?
A través de un auto de 36 páginas, la Sala de Seguimiento de Salud, integrada por los magistrados José Fernando Reyes, Vladimir Fernández y Miguel Polo, instruyó al Ministerio de Salud a reformular el funcionamiento de estas mesas técnicas dentro del plazo establecido, garantizando el cumplimiento de parámetros claros que aseguren transparencia, equidad y participación efectiva.
El alto tribunal encontró que desde enero persisten deficiencias que no han sido corregidas, entre ellas la falta de publicidad en el proceso de reajuste de la UPC, la exclusión de actores clave del sector salud en las convocatorias y la ausencia de garantías para que se asegure un “techo suficiente” en los servicios, evitando vulneraciones al derecho fundamental a la salud.
Además, la corte fue enfática al señalar que, a pesar del tiempo transcurrido y de las evaluaciones realizadas, el Ministerio de Salud no ha corregido las falencias previamente evidenciadas. En el documento se lee que el ministerio no ha demostrado la suficiencia de la UPC para cubrir todos los servicios y tecnologías en salud del Plan de Beneficios en Salud (PBS) para la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Tampoco se ha garantizado que la información necesaria para calcular correctamente esta prima se entregue de forma oportuna, completa y con la calidad requerida.
La Sala de Seguimiento advirtió que esta situación persiste, pese a que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha señalado que las EPS no entregan los datos a tiempo y que varios actores del sector han alertado sobre la insuficiencia de la UPC tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, lo que representa una “amenaza a la operación” del sistema de salud.
En consecuencia, la corte decidió aplicar medidas cautelares sobre la instalación de las mesas técnicas de la UPC, sustentadas en el riesgo latente de no garantizar la suficiencia de este valor y en la evidencia empírica que demuestra la afectación del derecho a la participación de los actores del sistema. Esta decisión también se apoya en la crítica situación financiera que atraviesan muchas EPS, debido a la falta de recursos suficientes y a la carencia de información técnica que respalde el valor fijado por el Gobierno para la UPC en 2024.
Un llamado al Gobierno Nacional
Esta decisión representa un nuevo llamado de atención al Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ya enfrenta un incidente de desacato iniciado por la corte a inicios de este año.
El alto tribunal recalcó que reorganizar las mesas técnicas es un paso necesario para garantizar un sistema de salud más justo, inclusivo y sostenible. Además, señaló que la ausencia de mecanismos adecuados ha incidido directamente en la crisis que atraviesan varias Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Lo que viene para el Ministerio de Salud
Con esta suspensión, el ministerio tiene 30 días para presentar un nuevo esquema de funcionamiento de las mesas técnicas, ajustado a las exigencias del alto tribunal. El objetivo debe ser lograr un proceso participativo y transparente para definir el valor de la UPC, pieza fundamental en la financiación del sistema de salud colombiano.
