Por medio de una reñida votación de 5 contra 4 votos, la sala plena de la Corte Constitucional declaró incompetente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña.
Con esta decisión, el concepto emitido por la sala de consulta del Consejo de Estado y que permitía al órgano electoral formular pliego de cargos tanto a Petro como a sus cuatro colaboradores en la campaña electoral por supuesta violación de topes, queda invalidado y sin efectos.
¿Cómo se dio esta decisión?
La sala plena de la Corte Constitucional puso fin al conflicto de competencias entre la CNE y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Aunque cuatro magistrados dictaminaron que el Consejo Nacional Electoral sí es competente para investigar a Gustavo Petro por una posible violación a las reglas de financiación en la pasada campaña presidencial, una tutela frenó inicialmente esta decisión.
Esta medida fue interpuesta el pasado 24 de mayo por el jefe de Estado, por lo que la corte adoptó una medida cautelar que suspendía los efectos mientras se emitía la sentencia definitiva.
Después del análisis de la tutela sobre presunta vulneración al debido proceso y al fuero presidencial, la sala plena dictaminó que la Cámara de Representantes en la única autoridad competente para investigar al mandatario, pero añadió que el CNE está facultado para continuar con las indagaciones que vinculan a miembros de la campaña Petro presidente referente a las violaciones de topes de financiación.
Frente a esta victoria, el presidente reaccionó en su cuenta de X escribiendo: “Bien por la Corte Constitucional”.
Cabe resaltar que hay otros funcionarios investigados por la CNE por esta misma causal y que participaron de manera activa en la elección de Petro, como Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña 2022; la tesorera Lucy Aidee Mogollón Alfonso, y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez.
Respecto al caso del mandatario, la corte ordenó que la CNE remita a la Cámara de Representantes las presuntas irregularidades para que pueda tomar las decisiones que le correspondan.
