El Consejo de Estado ordenó ajustes a las condiciones bajo las cuales el presidente Gustavo Petro puede realizar alocuciones o consejos de ministros transmitidos por televisión. La medida busca garantizar el pluralismo informativo y evitar un uso excesivo de los espacios públicos de comunicación por parte del Gobierno.
Según el fallo, toda intervención del presidente, ya sea en canales públicos, privados, regionales o comunitarios, deberá contar con una justificación clara, cumplir criterios de frecuencia, contenido y duración, y estar sujeta a control previo por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Intervenciones solo en casos urgentes y con límites de tiempo
El alto tribunal precisó que las alocuciones solo podrán solicitarse en circunstancias calificadas como urgentes y no podrán repetirse con frecuencia, por ejemplo, de manera semanal. Además, las solicitudes ante la CRC deberán detallar el tema a tratar, la hora de inicio y el tiempo de duración, evitando periodos “irrazonables o excesivos”.
Supervisión y sanciones para la CRC
A partir de la notificación de la sentencia, la CRC deberá verificar el cumplimiento de todos los criterios antes de aprobar una alocución presidencial. Si no se cumplen, deberá impedir la transmisión y publicar su decisión. También tendrá que emitir, en un plazo de dos días después de cada alocución, un informe público sobre si la intervención cumplió los parámetros de urgencia y excepcionalidad.
Nueva regulación antes de finalizar 2025
El Consejo de Estado dio plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para que la CRC adopte un nuevo marco regulatorio que garantice el pluralismo informativo en los medios televisivos, tanto públicos como privados. Este reglamento deberá incluir controles previos, concomitantes y posteriores a las intervenciones presidenciales, conforme a lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
La decisión marca un precedente sobre los límites del poder comunicativo del presidente y refuerza la importancia del equilibrio informativo en los medios estatales y privados del país.
