La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por su participación en el denominado tarimazo realizado en Medellín en el marco del programa “Paz Urbana”, el pasado 21 de junio.
De acuerdo con la denuncia, el mandatario habría incurrido en “participación indebida en política, uso de recursos públicos para fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente, hostigamiento a autoridades territoriales y participación de personas privadas de la libertad en un evento oficial”.
🚨 #Atención | La Comisión de Investigación y Acusación acaba de abrir investigación previa al presidente Gustavo Petro por el ‘tarimazo’ en Medellín pic.twitter.com/R5KxC5A6La
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 12, 2025
El evento “Paz Urbana” desató polémica nacional
En el acto, transmitido por televisión pública y al que asistieron el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, entre otras personas, se exhibieron símbolos del movimiento político Independientes y se hicieron referencias a la aspiración presidencial del exalcalde Daniel Quintero, lo que habría configurado un posible acto de proselitismo político, según la denuncia.
Participación de cabecillas criminales en el evento
La controversia creció tras conocerse que nueve cabecillas criminales y narcotraficantes obtuvieron permiso para asistir al evento, algunos incluso con brazaletes electrónicos o provenientes directamente de prisión.
Entre los asistentes estaban:
- Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, máximo jefe de la Oficina de Envigado.
- José Leonardo Muñoz, alias Douglas, cabecilla en el suroccidente de Medellín.
- Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o El Negro.
- Jorge Vallejo Alarcón, alias Vallejo, cabecilla financiero del grupo La Mesa.
Comisión ordena toma de pruebas y análisis forense
Como parte de la investigación, la Comisión de Acusación ordenó la toma de pruebas al Inpec, al Ministerio de Justicia, la Presidencia de la República, RTVC y el Canal Institucional, así como al Consejo Nacional Electoral.
Además, se pidió al grupo de Policía Judicial adscrito a la Comisión verificar la autenticidad del material audiovisual presentado por el denunciante y realizar un análisis forense de los archivos electrónicos. También se practicará una inspección administrativa en las sedes del Inpec y del Ministerio de Justicia.
